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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Ocoyoacac integrantes de San Jerónimo Acazulco cerraron la tarde del jueves la carretera federal México-Toluca, cerca del entronque con la autopista La Marquesa-Tenango, para exigir la salida de maquinaria pesada del Valle del Silencio, territorio cuya posesión permanece bajo revisión de los tribunales.
La protesta comenzó luego de que vehículos destinados a labores de construcción entraron en predios localizados entre El Potrero y Valle del Conejo. En esa superficie también existen viviendas ocupadas por familias de la localidad, cuyos integrantes temen que las maniobras afecten su patrimonio y modifiquen las condiciones del área antes de que exista una resolución definitiva.
Alejandro Ortega Rodeo, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca, denunció que ninguna dependencia informó previamente sobre las actividades. Añadió que los operadores llegaron acompañados por policías estatales y personal antimotines, lo cual generó preocupación entre los pobladores.
El representante sostuvo que el Juzgado Octavo de Distrito concedió una suspensión para impedir intervenciones dentro de la franja territorial reclamada mientras continúa el juicio. Bajo ese argumento, solicitó a las autoridades estatales y federales detener las faenas, revisar la actuación de los servidores públicos y garantizar el cumplimiento de las determinaciones judiciales. Los inconformes señalaron que el diferendo con San Pedro Atlapulco comprende alrededor de mil 200 hectáreas y permanece sin solución desde hace más de siete décadas.
Advirtieron que permitir nuevas modificaciones físicas podría agravar el desacuerdo, perjudicar a quienes habitan en el perímetro y elevar el riesgo de confrontaciones. La circulación en ambos sentidos fue liberada varias horas después; sin embargo, los comuneros mantuvieron su exigencia de instalar una mesa de diálogo con las instancias competentes. También pidieron establecer medidas preventivas que protejan a los residentes y eviten nuevos ingresos hasta que la autoridad competente defina legalmente la tenencia de los terrenos.
