11 lecturas
Por Ceci Vadillo
Las juventudes fueron uno de los sectores más castigados durante el periodo neoliberal. Les llamaron “ninis”, un término terrible que responsabilizaba a las y los jóvenes por no estudiar ni trabajar, cuando era el Estado el que fallaba en garantizar un lugar en la escuela.
Durante años, entrar a la preparatoria en la Zona Metropolitana significó competir mediante el Comipems por lugares limitados; puesto que el criterio era preferencia y no cercanía. Esto porque se asumía que no todos los bachilleratos eran igual de buenos, lo cual es un mito. Miles de jóvenes terminaban lejos de casa o fuera de sus primeras opciones. Y estudiar lejos también expulsa: implica horas de traslado, más gasto para las familias y menos tiempo para estudiar, descansar o trabajar.
Hoy la lógica comienza a cambiar. Con “Mi derecho, mi lugar”, más de 191 mil jóvenes participaron en el proceso de asignación y el 99.2% obtuvo alguna de sus tres primeras opciones. 141 mil 738 consiguieron la primera, más de la mitad mujeres.
La comparación explica el cambio: en 2024, con Comipems, apenas 47 mil 967 aspirantes alcanzaron su primera opción. Hoy son casi tres veces más.
Durante años, la política educativa administró la falta de planteles y convirtió un examen en una supuesta prueba de mérito. Ahora el objetivo es garantizar el derecho. Como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, la Beca Benito Juárez disminuyó de manera importante la deserción en la preparatoria pública y hoy la meta es alcanzar 90% de cobertura en educación media superior.
A quienes sostienen que garantizar un lugar baja el nivel hay que responderles: el nivel no lo levanta un examen que deja fuera, sino lograr que las y los jóvenes entren, aprendan y terminen.
Pero garantizar educación también significa cuidar las escuelas que ya existen. Y en Miguel Hidalgo tenemos el ejemplo contrario.
En el CENDI Margarita Maza de Juárez, en Tacubaya, madres de familia reportaron madrigueras de ratas desde septiembre. El oficio llegó al escritorio del alcalde Mauricio Tabe el 26 de febrero y en julio denunciaron también cucarachas en la cocina. La alcaldía acudió hasta el 6 de agosto, un día después de que llevamos el caso al Congreso.
No actuaron por las ratas, actuaron por la nota.
En cambio, contra la directora que denunció las condiciones sí hubo rapidez: madres y padres reportaron hostigamiento y firmas para removerla.
La educación pública no se defiende con mensajes de regreso a clases. Se defiende construyendo escuelas, cuidando las que tenemos y garantizando algo elemental: que estudiar sea un derecho, no un privilegio.
