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Por Eduardo Lopez Betancourt
En México sabemos, desde hace tiempo, que prevalece un régimen monolítico: el control lo ejerce quien encabeza el Ejecutivo.
Por supuesto que surgen conatos de disidencia, pero al final resultan inciertos y, más aún, inexistentes. La Presidencia manda, dispone y ordena, legisla y juzga y, además, domina al partido oficialista. Este entramado provoca discusiones y críticas, pero en el país ha funcionado plenamente.
Lo que sí ocurre es que, como vulgarmente se dice, algunos “se salen del huacal”. Eso intentó el mandatario de Sinaloa, pero pronto lo disciplinaron. La Secretaría de Gobernación lo contuvo. Luego se sumaron quienes operan el aparato legislativo, es decir, diputados y senadores, quienes lanzaron su reprobación contra el sinaloense, el cual pretendía volver a la gubernatura sin autorización alguna. Por si fuera poco, la dirigencia del partido gobernante manifestó su repudio ante lo que se calificó como una imprudencia del gobernante.
De ese modo, la administración se mostró cohesionada. Dejó en claro que no se tolerarían fisuras y que, en bloque con el titular del Ejecutivo, el Congreso y el propio instituto político, los mandatarios estatales de Morena externaron su rechazo al gobernador, quien se vio forzado a solicitar de nuevo licencia. Aquí no se permiten rebeliones y mucho menos determinaciones que no cuenten con el visto bueno superior. Lo cierto es que el caso del político sinaloense y el de otros señalados por la corte estadounidense deberán presentarse ante los tribunales, no tanto en territorio nacional, donde imperan circunstancias especiales y poco confiables, sino en Estados Unidos, donde los procedimientos suelen ser más enérgicos y menos convencionales.
Así, el acusado y sus coimputados tendrán que rendir cuentas ante la justicia norteamericana, una exigencia que también pesa sobre muchos funcionarios mexicanos que han operado al margen de la ley y cuya identidad es de sobra conocida.
