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Por Diana Sánchez Barrios
El Congreso de la Ciudad de México llevara a cabo este próximo 28 y 29 de agosto el Primer Parlamento del Comercio Popular, con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades, preocupaciones y alternativas que requiere este importante sector de la sociedad. Estarán presentes entre otros, los comerciantes de la vía pública, de los mercados sobre ruedas, de tianguis, bazares, pequeños emprendedores y actores de otras formas de la economía social. La realización de este evento representa mucho más que un ejercicio de participación ciudadana. Es una oportunidad para cambiar la relación entre las instituciones y uno de los sectores más importantes, visibles y, al mismo tiempo, históricamente estigmatizados de la vida urbana.
Debemos recordar que el comercio popular es parte fundamental de la economía de la Ciudad de México, de su cultura, de sus barrios y de su vida cotidiana. Durante mucho tiempo, el comercio popular ha sido tratado exclusivamente como un problema que debe resolverse, como un asunto de movilidad, de imagen urbana, de ocupación del espacio público o de control administrativo. Pero detrás de cada puesto hay una persona que trabaja, una familia que depende de ese ingreso y, frecuentemente, una mujer que sostiene simultáneamente la economía de su hogar y las responsabilidades de cuidado. Mujeres trabajadoras, madres solteras y jefas de familia encuentran en el comercio popular una alternativa frente a un mercado laboral que discrimina y precariza.
El Parlamento del Comercio Popular buscará cambiar esta lógica. Quienes antes eran objeto de decisiones administrativas ahora deben convertirse en sujetos de deliberación pública y de derechos. No se trata simplemente de hablar sobre el comercio popular, sino de hablar con quienes lo construyen todos los días. Ése es el sentido profundo de la democracia participativa: escuchar antes de legislar, dialogar antes de imponer y construir soluciones con las personas directamente involucradas. Porque las mejores leyes no nacen exclusivamente en los escritorios ni en los recintos parlamentarios, nacen de la experiencia cotidiana de quienes enfrentan los problemas.
El gran desafío será superar la vieja política del falso dilema entre orden y desorden. La ciudad necesita reglas, movilidad, accesibilidad, seguridad y espacios públicos compartidos. Pero el orden no puede construirse mediante la exclusión. Por eso debemos hablar de un ordenamiento democrático del comercio popular en el espacio público. Un modelo basado en reglas claras, certeza jurídica, diálogo permanente, corresponsabilidad y respeto a los derechos humanos. Estoy convencida de que ordenar no es expulsar, regular no es perseguir y gobernar una alcaldía no es criminalizar a las personas.
Este encuentro parlamentario deberá ser un espacio de reflexión que permita reconocer que el comercio popular forma parte de una economía urbana más amplia, que genera empleos, que abastece a precios accesibles a barrios y colonias, que acerca productos de primera necesidad a la población creando redes sociales y comunitarias. Negar esta realidad no la hará desaparecer. Comprenderla y organizarla democráticamente permitirá construir mejores soluciones para una convivencia solidaria y democrática.
