Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Amenazas contra concesionarios y sus familiares, bloqueos de sistemas, restricciones de hologramas y advertencias de retirar permisos formaban parte de una presunta red de extorsión detectada en los verificentros del Estado de México, cuyo objetivo habría sido obtener cientos de millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que servidores públicos ambientales, exfuncionarios y particulares son investigados por presuntamente utilizar trámites y facultades administrativas para obligar a propietarios a cubrir pagos ilegales.
Según testimonios ministeriales, en diciembre de 2023 se habría comunicado a representantes de varios establecimientos que debían aportar inicialmente 200 mil pesos mensuales para continuar trabajando, incluso cuando contaran con documentación en regla. Ante la resistencia, las exigencias habrían quedado entre 30 mil y 100 mil pesos, dependiendo de la actividad de cada negocio.
Las presiones posteriormente aumentaron. En febrero de 2024 habría sido solicitado un supuesto retroactivo de 162 mil 500 pesos por establecimiento. Para 2026, las investigaciones documentaron otra exigencia: 500 mil pesos por cada línea autorizada.
La FGJEM sostiene que el grupo pretendía reunir una bolsa superior a 430 millones de pesos para noviembre de este año. Quienes se negaban presuntamente enfrentaban cierres remotos, falta de engomados, obstáculos en las revalidaciones o la amenaza de perder su concesión.
Los mensajes intimidatorios llegaron a un nivel mayor. Las víctimas habrían recibido advertencias directas de que conocían información sobre sus familias y que podían causarles daño si rechazaban las condiciones. Concesionarios declararon ante el Ministerio Público que el temor a represalias los llevó a aceptar algunas exigencias.
El dinero habría sido entregado en efectivo en inmuebles de Bosques de las Lomas y Cuajimalpa, en la Ciudad de México, mediante citas y accesos controlados incluso con códigos QR.
Entre el 10 y 14 de agosto fueron asegurados cinco centros en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, además de realizarse cateos en oficinas ambientales de Metepec y Tlalnepantla.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” permanecen en prisión preventiva en el penal de Chalco. El primero fue vinculado a proceso por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad.
