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Por Juan R. Hernández
El problema del comercio ambulante en la Alameda Central ya no puede reducirse a quién tiene razón en cada bloqueo. El verdadero problema es que durante años se permitió crecer un modelo basado en organizaciones, liderazgos, cuotas de espacios y negociaciones particulares que terminaron convirtiendo el espacio público en territorio en disputa.
La protesta de comerciantes mazahuas y de la Organización Margarita García en Eje Central y avenida Juárez volvió a exhibirlo. La Secretaría de Gobierno ofreció siete lugares a una agrupación y cinco a otra; ambas solicitan 30 espacios. Mientras se discuten números, el ciudadano queda atrapado entre puestos, policías, bloqueos y cierres viales.
Y aquí conviene evitar la salida fácil de convertir todo en pleito partidista. El problema no es Morena, el PAN, el PRI o cualquier otro partido. Es la existencia de demasiadas organizaciones que durante décadas aprendieron que presionando, bloqueando o negociando pueden obtener espacios en zonas donde debería existir una sola regla.
Las propias cifras muestran el tamaño del desorden: se habla de más de 600 ambulantes en la Alameda y de una intención oficial de reducirlos a 77 puestos. Pasar de cientos de vendedores a unas cuantas decenas inevitablemente provoca inconformidad cuando no existen criterios transparentes que todos conozcan y acepten.
A eso se suma otro fenómeno: nuevas agrupaciones, colectivos y las llamadas “mercaditas” han ganado terreno, mientras vendedores tradicionales consideran que están siendo desplazados. Todos argumentan derecho al trabajo; todos reclaman espacios; todos aseguran haber sido tratados injustamente.
Pero la Alameda no puede repartirse organización por organización.
La autoridad capitalina enfrenta una decisión complicada, pero indispensable: establecer un padrón público, reglas iguales, criterios verificables y límites claros. Ni espacios por presión política ni permisos conquistados mediante bloqueos.
Porque mientras cada organización considere que un pedazo de banqueta le pertenece, cualquier intento de ordenamiento terminará en policías, protestas y Eje Central cerrado.
Y los ciudadanos seguirán pagando la cuenta.
