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Redacción
Ciudad de México.- Morena cerró filas con Andrés Manuel López Beltrán luego de que Estados Unidos cancelara su visa y condenó el uso de instrumentos migratorios como un supuesto “mecanismo de injerencia política” contra personas vinculadas con el movimiento.
A través de un desplegado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sostuvo que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que corresponde exclusivamente a los mexicanos decidir, mediante las vías democráticas, el proyecto político y el rumbo de la nación.
El partido rechazó que la cancelación de visas sea utilizada como una herramienta de presión política y respaldó el señalamiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que la revocación de visas a personas políticamente expuestas no constituye una prueba de la comisión de algún delito o irregularidad.
Ante el hecho, el Comité Ejecutivo Nacional guinda “expresa su rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política”.
Morena consideró que, en este caso, existe un mensaje político dirigido a intimidar a quienes defienden la soberanía nacional y llamó a la militancia y a la ciudadanía a informarse y evitar que decisiones tomadas en el extranjero sustituyan a las instituciones mexicanas o interfieran en el debate político nacional.
El partido también afirmó que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo, cooperación y coordinación, pero rechazó cualquier esquema de subordinación o presión sobre el país.
“La relación entre México y Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación, pero nunca en la subordinación o las presiones en nuestra patria para incidir en la percepción o la persecución de un proyecto político humanista que ha sabido poner límites donde antes hubo entreguismo y subordinación”.
Finalmente, Morena criticó a quienes, desde México, recurren al extranjero para buscar presiones o sanciones contra sus adversarios políticos y sostuvo que las responsabilidades por posibles actos de corrupción deben enfrentarse ante las instituciones nacionales.
