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Movilidad: dinero, tecnología y calle

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Por Juan R. Hernández

El futuro del transporte público no se resolverá únicamente comprando autobuses, construyendo líneas o anunciando aplicaciones. Dos discusiones comienzan a cruzarse y deberían interesar a las autoridades: quién paga la movilidad y quién diseña las soluciones tecnológicas que terminarán en las calles.

En el Programa Ejecutivo “Fundamentos del Transporte Público para Autoridades”, impulsado por la UITP y la AMTM con apoyo del BID y Banco Mundial, especialistas advirtieron que conseguir dinero para construir infraestructura no garantiza recursos para mantenerla.

Amado Crotte, del BID, subrayó la diferencia entre financiamiento y fondeo: puedes levantar estaciones o comprar unidades, pero si no existen ingresos suficientes para operar y renovar el sistema, la modernización se convierte en deterioro.

La discusión tarifaria es inevitable: ¿cuánto paga el usuario y cuánto el gobierno? Los subsidios pueden justificarse porque el transporte genera beneficios sociales y económicos más allá del pasajero. Sin embargo, subsidiar sin conocer costos, demanda, ingresos y desempeño de rutas equivale a administrar dinero sin brújula.

También se planteó recuperar parte de la plusvalía urbana generada alrededor de estaciones o destinar recursos del automóvil al transporte colectivo, siempre con transparencia y resultados visibles.

Mientras especialistas debaten cómo financiar los sistemas, el próximo 13 de agosto otra pieza entrará al tablero: la tecnología aplicada al taxi. En el foro El Taxi en la Ciudad de México: Retos y Oportunidades, Hugo Flores Sánchez propondrá ante académicos de la UACM, IPN, UNAM y UAEM una alianza permanente entre universidades y transportistas para digitalizar la operación e integrar al taxi con otros modos de transporte.

La propuesta merece atención: durante demasiado tiempo academia, autoridades y transportistas han trabajado como mundos separados. El reto consiste en juntar dinero, conocimiento y experiencia de calle. Ninguna aplicación sustituye una política pública, pero tampoco habrá movilidad moderna si quienes diseñan las políticas desconocen cómo funciona realmente el transporte cuando sale del escritorio.

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