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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La muerte de Erandi Dailyn, de 10 años, en el municipio de La Paz tras un ataque armado contra una unidad de la Ruta 69, colocó bajo cuestionamiento la estrategia de seguridad de la administración de Martha Guerrero, luego de que transportistas denunciaron que las amenazas y extorsiones contra el gremio eran conocidas desde antes de la agresión.
La menor falleció en un hospital público del Estado de México, después de resultar herida durante el atentado ocurrido el domingo en Los Reyes La Paz. El ataque estaba dirigido contra una unidad del servicio público y, de acuerdo con los operadores, estaría relacionado con la negativa del sector a continuar pagando cuotas ilegales.
Representantes de la Ruta 69 señalaron como presuntos responsables de las amenazas a integrantes de un grupo identificado como Los Vallarta. Según su versión, previamente fue incendiado otro vehículo y los concesionarios recibieron advertencias sobre posibles represalias contra sus familias.
Sebastián Ortega, representante de los afectados, sostuvo que las agresiones se han mantenido pese a las denuncias interpuestas. Aseguró que durante 2026 por lo menos tres choferes han sido asesinados, además de registrarse ataques contra vehículos utilizados para prestar el servicio en la zona oriente.
El dirigente afirmó que llevan alrededor de una década enfrentando cobros ilegales y cuestionó los resultados obtenidos mediante reuniones con las autoridades. Tras el fallecimiento de Erandi Dailyn, demandó detenciones y avances en las investigaciones en lugar de nuevas mesas de trabajo.
Los señalamientos también alcanzaron a la estructura de seguridad que opera en la demarcación gobernada por Martha Guerrero. Habitantes y elementos policiales acusaron públicamente presuntas irregularidades dentro de la corporación que, según sus testimonios, habrían reducido la capacidad de vigilancia en sectores considerados conflictivos.
Entre las anomalías denunciadas se encuentra el supuesto desvío de combustible asignado a patrullas, así como una práctica denominada venta de voladores, mediante la cual presuntamente algunos uniformados entregarían dinero para ausentarse de sus jornadas. Los denunciantes sostienen que esto ocasionaría que determinados turnos funcionen con un número reducido de agentes.
Las imputaciones también involucran a distintos mandos policiales; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado información que permita establecer judicialmente su responsabilidad. Corresponderá a las instancias competentes investigar las acusaciones y determinar si existieron conductas ilícitas o incumplimientos administrativos.
El caso aumenta la presión sobre el Ayuntamiento de La Paz porque la vigilancia preventiva y la operación de la policía municipal corresponden al ámbito local.
Los antecedentes denunciados por los transportistas abren cuestionamientos sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Martha Guerrero ante una problemática que, aseguran, llevaba tiempo identificada.
La exigencia del sector ahora se concentra en reforzar los patrullajes, investigar las posibles anomalías dentro de la corporación y detener a quienes participan en las extorsiones. Los operadores advirtieron que podrían recurrir a movilizaciones si continúan las agresiones sin una respuesta efectiva.
