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Por Salvador Guerrero Chiprés
El patrimonio no admite demoras
El despojo, esa ocupación ilegal de un espacio físico, genera incertidumbre y desgaste para quienes tienen la legítima posesión de un inmueble.
Por esa razón, la denuncia e intervención de las autoridades resultan indispensables para atender cada caso conforme a la ley y en el menor tiempo posible.
En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó una política integral de prevención, inteligencia, atención inmediata y restitución de derechos. “No habrá espacio para las redes de despojo ni para los cárteles inmobiliarios”, afirmó al presentar la estrategia.
Frente a las preocupaciones ciudadanas es tiempo de respuestas y de agilizar procesos. La Fiscalía General de Justicia establece plazos de atención: 15 días para el aseguramiento y restitución de inmuebles, y 30 días para la judicialización.
Sin embargo, la defensa de una propiedad es tarea compartida entre autoridades y ciudadanía.
En esta ruta de prevención, Brugada presentó el Decálogo de Prevención contra el Despojo, una herramienta para consolidar la cultura de protección patrimonial y fortalecer la certeza jurídica de las familias.
Desde el C5 estas acciones se integran al trabajo permanente para promover la prevención y la protección de los bienes de la comunidad.
Este decálogo destaca contar con documentación en regla y actualizada, contratos por escrito, regularización de propiedades intestadas y mantener vigilancia constante sobre los domicilios.
A esto se suma el uso de herramientas como la Alerta Inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad, la cual notifica al propietario o titular cuando se realiza trámite o consulta relacionadas con un inmueble inscrito para detectar oportunamente movimientos inusuales.
Los reportes al 9-1-1 o a la Línea Antiextorsión 55 5036 3301 contribuyen a emprender acciones contra los despojadores.
El patrimonio familiar no admite demoras.
