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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Estado de México continúa figurando entre las entidades más peligrosas para ejercer labores de seguridad pública. El más reciente reporte de la organización Causa en Común ubica a la entidad en el cuarto lugar nacional por policías asesinados durante 2026, una realidad que mantiene encendidas las alertas sobre la capacidad de las instituciones para proteger a quienes diariamente enfrentan a la delincuencia.
El informe documenta 14 homicidios de elementos policiacos en territorio mexiquense durante el presente año. Si bien la cifra representa una disminución respecto al mismo periodo anterior, especialistas advierten que el problema de fondo permanece sin resolverse y evidencia la fragilidad de las estrategias implementadas por autoridades estatales y municipales.
La organización sostiene que el descenso en los registros no puede interpretarse como un indicador suficiente de éxito mientras continúen los ataques contra corporaciones encargadas de brindar seguridad.
Cada asesinato, señala, representa una pérdida institucional que debilita la capacidad operativa de los municipios y genera un clima de mayor incertidumbre para la población.
El panorama resulta especialmente delicado porque la mayoría de las víctimas pertenecían a corporaciones municipales, consideradas el primer contacto entre la ciudadanía y el Estado frente a situaciones de emergencia. La falta de equipamiento, inteligencia, capacitación y protocolos de protección continúa exponiendo a los uniformados en patrullajes, operativos y respuestas a reportes ciudadanos.
La problemática también refleja las limitaciones en la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales. Organizaciones civiles han insistido en que las acciones de prevención no han evolucionado al mismo ritmo que las formas de operación de los grupos delictivos, lo que mantiene a los elementos en condiciones de alto riesgo.
Para miles de familias mexiquenses, el asesinato de policías representa mucho más que una estadística. Cada ataque reduce la capacidad de respuesta institucional, incrementa la percepción de inseguridad y fortalece la sensación de que el Estado no ha logrado contener la violencia en diversas regiones de la entidad.
