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Por Diana Sánchez Barrios
En una época en la que las pantallas ocupan una parte creciente de la vida cotidiana, la iniciativa que próximamente será presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas representa una oportunidad para replantear la relación entre tecnología, aprendizaje y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Lejos de plantear una prohibición absoluta, la propuesta parte de un principio equilibrado representado por la consideración de que la tecnología debe ser una herramienta para aprender, y no un obstáculo para la convivencia, la atención y el desarrollo integral para las nuevas generaciones. Se trata de recuperar el sentido pedagógico de los dispositivos electrónicos, estableciendo reglas claras que permitan aprovechar sus ventajas sin ignorar los riesgos que implica su uso indiscriminado.
Diversos estudios internacionales han advertido que la exposición constante a teléfonos inteligentes y redes sociales puede afectar la concentración, la memoria, el rendimiento escolar y la salud emocional de las y los estudiantes. La sobre-estimulación digital también modifica las formas de interacción social, disminuyendo los espacios de diálogo cara a cara, el juego colectivo y la construcción de vínculos afectivos dentro de las comunidades escolares. En este contexto, la regulación que se propone constituirá una política pública preventiva. No pretende enfrentar a la tecnología, sino colocarla al servicio de la educación. El objetivo es que los dispositivos electrónicos sean utilizados cuando aporten valor al proceso de enseñanza y aprendizaje, evitando que se conviertan en una fuente permanente de distracción durante la jornada escolar.
Esta visión reconoce que educar en el siglo XXI implica formar ciudadanos capaces de convivir con la tecnología de manera crítica, ética y responsable. La alfabetización digital ya no consiste únicamente en aprender a utilizar aplicaciones o plataformas digitales, sino también en desarrollar habilidades para gestionar el tiempo de conexión, distinguir información confiable, proteger la privacidad y ejercer una ciudadanía digital responsable. Esta iniciativa también abre un debate indispensable sobre la responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las escuelas y las empresas tecnológicas. La protección de la infancia frente a los efectos negativos del entorno digital no puede recaer exclusivamente en docentes o padres de familia. Requiere políticas públicas, orientación pedagógica y un compromiso colectivo para construir ambientes digitales más seguros y saludables.
La propuesta fortalece el papel de la escuela como un espacio privilegiado para el encuentro humano. En las aulas se aprende a dialogar, a cooperar, a resolver conflictos, a escuchar opiniones distintas y a construir comunidad. Son experiencias que difícilmente pueden sustituirse mediante una pantalla y que constituyen el fundamento de una educación democrática. La tecnología seguirá siendo una aliada indispensable del desarrollo. Precisamente por ello, su uso requiere reglas, responsabilidad y sentido pedagógico. La educación del futuro no dependerá únicamente de cuantos dispositivos existan en las aulas, sino de la capacidad de utilizarlos para formar personas más libres, más conscientes y mejor preparadas para vivir en un mundo cada vez más complejo y tecnológico.
