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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con más de 34 mil carpetas de investigación por despojo inmobiliario acumuladas entre 2016 y 2026, una estrategia gubernamental cuestionada y la propuesta de crear una nueva estructura administrativa, la crisis patrimonial en la CDMX sigue escalando. Para el abogado y académico Gustavo García Arias, la iniciativa impulsada desde la Secretaría de Gobierno representa más burocracia, cuotas políticas y una solución que no atiende el problema de fondo.
En entrevista con Diario Basta, criticó la propuesta atribuida al secretario César Cravioto para crear una dirección encargada de atender casos de despojo, que sería encabezada por Valeria Sánchez González.

A su juicio, el proyecto repite errores del llamado Gabinete de Despojo: ausencia de planeación, falta de marco jurídico y discrecionalidad que perjudica a las víctimas. Señaló incluso filtraciones de expedientes con datos patrimoniales y personales, lo que facilita que las redes criminales conozcan anticipadamente la estrategia de defensa.
El académico advirtió que la nueva propuesta privilegia cargos administrativos sobre áreas técnicas y jurídicas. “Es más burocracia para repartir cuotas políticas. Los abogados especializados siguen siendo los peor pagados, mientras se favorece a perfiles de confianza sin experiencia”, dijo.
Sobre Sánchez González, cuestionó su falta de trayectoria en derecho inmobiliario o combate al despojo: “No le veo perfil técnico; responde más a relaciones de confianza que a experiencia profesional”.
Para García Arias, la atención del delito debería trasladarse a la Consejería Jurídica, desde donde podrían coordinarse el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil, el Poder Judicial y la Fiscalía para impulsar reformas estructurales.
También alertó que la falta de estadísticas confiables refleja ausencia de política pública integral: “No existe claridad sobre cuántas carpetas hay, cuántos inmuebles se recuperaron o cuántas víctimas obtuvieron justicia”.
Finalmente, advirtió que mientras aumente el valor del suelo y persistan vacíos institucionales, el despojo seguirá siendo un negocio atractivo para grupos criminales. “Si no hay respuesta de fondo, este fenómeno continuará creciendo. El vacío de autoridad envía un mensaje peligroso: apropiarse ilegalmente de un inmueble puede resultar rentable”, concluyó.