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Por Lengua Larga
En política hay espectáculos que duran menos que un puesto de calcetines en oferta. Uno de ellos fue el operativo que encabezó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para retirar a los comerciantes de Ribera de San Cosme. Hubo transmisiones en vivo, acusaciones de agresiones, fotografías de banquetas despejadas y la promesa de recuperar el espacio público. Incluso el gobierno de la demarcación aseguró que la vialidad permanecería libre de comercio informal y anunció mesas de diálogo con los vendedores.
Pero esta Lengua Larga se dio una vuelta por la zona y encontró una historia distinta.
Los comerciantes aseguran que el problema nunca fue el retiro de puestos, sino quién controla el negocio. Dicen que, tras el operativo, comenzaron a recibir visitas de personas que se identifican como trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc para solicitar cuotas a cambio de permitirles instalarse o trabajar sin contratiempos. Es decir, según su versión, cambió el discurso, pero no el sistema.
Las acusaciones son delicadas y, de comprobarse, revelarían que detrás de la narrativa de ordenamiento persistiría un viejo modelo de recaudación informal que durante años ha acompañado al ambulantaje en la capital.
No deja de llamar la atención que, mientras públicamente se presume una batalla contra el comercio irregular, en privado los propios vendedores hablen de cobros y gestores vinculados con la administración local. La contradicción resulta evidente: si la vía pública quedó bajo control de la autoridad, ¿quién está cobrando esas cuotas y con qué autorización?
San Cosme lleva décadas siendo un punto estratégico para el ambulantaje por el enorme flujo de peatones que genera la estación del Metro, el Metrobús y los mercados cercanos. Diversos gobiernos han intentado retirarlos y, una y otra vez, los puestos regresan. La historia demuestra que el comercio informal no desaparece con operativos mediáticos, sino cuando se rompen los incentivos económicos que lo sostienen.
La alcaldesa convirtió el operativo en un símbolo de autoridad. Ahora le corresponde demostrar que ese símbolo no terminó siendo únicamente un montaje para las cámaras. Porque si quienes hoy piden dinero a los comerciantes realmente trabajan para la alcaldía, el problema ya no sería el ambulantaje, sino la presunta corrupción detrás de él.
Y esa sí sería una historia mucho más difícil de retirar que cualquier puesto sobre la banqueta.
