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Por Miguel García Conejo
@kurt2767
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más crecen en México y, al mismo tiempo, en uno de los que mayor incertidumbre generan entre las familias. Su impacto rebasa la pérdida económica: modifica hábitos, limita actividades cotidianas y obliga a comerciantes, empresarios y ciudadanos a vivir bajo la amenaza permanente de la intimidación.
Frente a esta realidad se presentan dos llamados que, aunque persiguen el mismo objetivo, no han logrado encontrarse.
Por un lado, la sociedad exige que las autoridades persigan y castiguen. Del otro, las instituciones insisten en que las víctimas denuncien para poder investigar y actuar.
El problema aparece justamente en ese punto intermedio: la confianza.
Miles de personas optan por guardar silencio porque temen represalias, dudan de la capacidad de las autoridades para protegerlas o consideran que su denuncia difícilmente tendrá resultados. Esa percepción alimenta la cifra negra y fortalece la impunidad.
Romper ese círculo exige mucho más que campañas para promover la denuncia. También demanda investigaciones exitosas, protección efectiva para las víctimas y resultados que convenzan a la población de que denunciar vale la pena. La confianza no puede imponerse por discurso; debe construirse con hechos.
Mientras ciudadanos y autoridades permanezcan separados por la desconfianza, la extorsión seguirá encontrando terreno fértil. Combatir este delito requiere un acuerdo mutuo sustentado en credibilidad, eficacia institucional y corresponsabilidad. Sin ese puente, cualquier estrategia seguirá siendo insuficiente.
