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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La inconformidad entre comerciantes de Tultitlán continúa en aumento debido a las clausuras aplicadas en mercados, tianguis y pequeños negocios de diferentes zonas del municipio, una situación que ha derivado en señalamientos contra la administración de la presidenta municipal, Ana María Castro Fernández, por la falta de respuesta institucional y la ausencia de mecanismos de diálogo con los sectores afectados.
Representantes de agrupaciones comerciales sostienen que durante las últimas semanas personal de las áreas de Desarrollo Económico y Protección Civil ha colocado sellos de suspensión en establecimientos sin que previamente se notificara a los propietarios sobre observaciones, plazos de regularización o las causas específicas que motivaron los procedimientos. Afirman que esta situación ha provocado incertidumbre jurídica y pérdidas económicas para cientos de familias que dependen de la actividad comercial.
Entre los puntos donde se reportan mayores afectaciones figuran la avenida José López Portillo, el centro del municipio, San Pablo de las Salinas, Buenavista, Ojo de Agua, San Francisco Chilpan, San Mateo y diversas colonias habitacionales donde operan pequeños establecimientos. Los inconformes consideran que la magnitud de los operativos evidencia una estrategia generalizada cuya ejecución carece, aseguran, de información transparente hacia los propietarios.
Carlos García López, Justina Hernández y Carolina Vázquez Hernández, representantes de organizaciones de comerciantes, responsabilizaron de los operativos a las titulares de Desarrollo Económico, Martha Angélica Martínez Torres, y de Protección Civil, Edna Ariadna Martínez Torres. Señalaron que, pese a solicitar reuniones para conocer los fundamentos de las clausuras, no han obtenido respuestas satisfactorias ni documentación que permita aclarar cada caso.
La falta de intervención de la alcaldesa también concentra las críticas. Los comerciantes sostienen que han buscado establecer comunicación con la autoridad municipal para plantear alternativas que permitan regularizar los establecimientos sin afectar la actividad económica; sin embargo, aseguran que hasta ahora no han sido recibidos ni existe una postura oficial que explique el alcance de las acciones emprendidas.
Los representantes del sector afirman que no buscan quedar al margen de la normatividad, sino contar con procedimientos claros, plazos razonables y acompañamiento para cumplir con los requisitos administrativos. Consideran que la ausencia de certeza jurídica deteriora la confianza hacia el gobierno municipal y refleja deficiencias en la conducción de la administración pública.
