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Por Juan R. Hernández
En la política, las cifras casi nunca cuentan toda la historia, pero sí revelan hacia dónde sopla el viento. En Sonora, los cuartos de guerra ya comenzaron a sacar la calculadora rumbo a la definición de candidaturas de Morena. Lo que realmente circula entre operadores y estrategas no es el 16 por ciento que algunos atribuyen a Célida López, sino el 8.5 que registra en la metodología interna de valoración del partido, suficiente para colocarse por encima de Javier Lamarque, quien alcanza apenas 1.5 puntos, mientras el resto de los aspirantes simplemente no aparece en el radar.
La lectura es clara. Célida domina en conocimiento estatal y cercanía con la ciudadanía, mientras Lamarque conserva fortalezas en atributos como honestidad y cumplimiento de compromisos. Son perfiles distintos que apelan a electores diferentes, pero el tablero de Morena sólo contempla un espacio en la boleta. Falta mucho camino por recorrer, aunque las señales internas ya empiezan a perfilar favoritos.
En paralelo, otro debate cobra fuerza en el Congreso: el cierre de los espacios para empresas vinculadas con esquemas de corrupción. La intención de impedir que compañías sancionadas continúen obteniendo contratos públicos parece lógica y necesaria, pero también exige un equilibrio jurídico impecable. No bastará con señalar a un representante legal o lanzar sospechas mediáticas; será indispensable demostrar el control efectivo de las empresas, acreditar conductas dolosas, reunir pruebas suficientes y contar con resoluciones firmes. Sin debido proceso, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en un instrumento de persecución.
Los antecedentes justifican la preocupación. La investigación denominada Fantasmas del Erario documentó más de tres mil 500 contratos otorgados a empresas factureras, exhibiendo la facilidad con la que recursos públicos terminaron alimentando redes de simulación. El costo de esas prácticas no sólo se mide en expedientes administrativos; también se refleja en menos agua potable, menor seguridad, calles deterioradas y servicios públicos insuficientes.
Blindar las contrataciones gubernamentales es indispensable, pero hacerlo respetando el Estado de derecho será la única forma de evitar que la lucha contra la corrupción termine contaminada por intereses políticos. En democracia, tan importante es castigar a los responsables como impedir que la justicia se convierta en un arma electoral.
