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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La propuesta difundida por el activista y excandidato a la presidencia municipal de Toluca, Javier Albarrán, para que el sufragio sea emitido por familia y no de manera individual, provocó un amplio rechazo entre especialistas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos político-electorales, quienes calificaron el planteamiento como contrario a los principios fundamentales de la democracia mexicana.
Juristas consultados señalaron que la Constitución reconoce el voto como un derecho personal, universal, libre, secreto y directo, por lo que cualquier mecanismo que concentre esa decisión en un solo integrante del hogar representaría una restricción indebida al ejercicio de la ciudadanía.
Advirtieron que una medida de esa naturaleza afectaría principalmente a mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y otros integrantes de las familias cuya voluntad podría quedar subordinada a quien ejerza el liderazgo económico o familiar.
La controversia se intensificó debido al perfil político de Albarrán, quien contendió por la alcaldía de Toluca y posteriormente abandonó su candidatura para respaldar a la coalición integrada por PRI, PAN y PRD durante el proceso electoral de 2024. Para diversos analistas, ese antecedente alimenta cuestionamientos sobre la consistencia de sus posiciones públicas y la orientación de sus planteamientos en materia democrática.
Organizaciones civiles señalaron que el voto individual constituye una conquista respaldada por décadas de reformas constitucionales y compromisos internacionales suscritos por México, por lo que cualquier intento de modificar ese principio significaría un retroceso en la protección de los derechos políticos. Recordaron que el sistema electoral mexicano fue construido precisamente para garantizar que cada ciudadano exprese su voluntad sin presiones, intermediarios ni condicionamientos.
Especialistas también advirtieron que este tipo de propuestas contribuyen a normalizar discursos que buscan limitar la participación ciudadana bajo argumentos de eficiencia o representatividad, cuando en realidad debilitan el principio de igualdad jurídica. Indicaron que la democracia no admite categorías de ciudadanos ni distingue el valor del sufragio según la posición económica, educativa o familiar de cada persona.
Las críticas se extendieron al ámbito político al considerar que quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben fortalecer las instituciones democráticas y no promover esquemas que reduzcan derechos conquistados.
