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Denuncian violencia institucional en Miguel Hidalgo por acoso y hostigamiento por parte de funcionarios

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Redacción
Grupo Cantón

Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la CDMX, Ceci Vadillo, denunció una presunta campaña de hostigamiento e intimidación en su contra por parte de funcionarios públicos y trabajadores de la Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe. Los acusó de irrumpir en reuniones vecinales y de ataques constantes en redes sociales.

Vadillo afirmó que la semana pasada Héctor Moreno Martínez, jefe de Unidad Departamental de la alcaldía, fue a una asamblea vecinal para amedrentarla. Acusó que Moreno también suele comentar sus publicaciones en redes con palabras violentas. Además, señaló una “serie de ataques de trabajadores de la alcaldía y liderazgos del PAN”, que incluso le hacen comentarios de carácter sexual.

Señaló a funcionarios como los jefes de unidad departamental Ángel Gabriel Valdelamar, José Ferro y Christian Alberto Alquicira; los administrativos especializados Marco Antonio Romero, Gabriela Soto y Reyna Josefina Vega; el administrativo operativo Marcos Adalberto Ronzon; la auxiliar administrativa Karla Mariana Saavedra; los auxiliares de servicios Patricia Chávez y Paulo Isidoro Hernández, así como la técnica en sistemas Mónica Aguilar.

 

Finalmente, cuestionó a Tabe, ya que los trabajadores de la MH deberían mantener una conducta imparcial y enfocarse en brindar servicios a la ciudadanía.

*Negocio inmobiliario*

Por otro lado, Vadillo cuestionó la estrategia del PAN de renombrar colonias populares para inflar precios inmobiliarios y borrar la memoria generacional.

En colonias como Granada y Anáhuac, rebautizadas como “Nuevo Polanco”, el valor de la vivienda se disparó hasta en 40% en la última década; en la Doctores, rebautizada como “Roma Oriente”, aumentó más de 35%.

Por ello, propuso reformar la Ley de Desarrollo Urbano para blindar legalmente nombres de colonias y barrios; modificar la Ley de Publicidad Exterior para sancionar publicidad inmobiliaria engañosa; y ajustar la Ley Federal de Protección al Consumidor para garantizar información territorial verificable.

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