42 lecturas
Por Juan R. Hernández
“Por cuestiones de agenda de la jefa de Gobierno se cortaron las preguntas y respuestas”. Con ese escueto mensaje, Diario Basta fue, una vez más, “cepillado” de la conferencia de prensa de Clara Brugada. El hecho, más allá de parecer un simple ajuste de tiempo, obliga a preguntarse si la apertura prometida por este gobierno realmente alcanza para todos los medios o solo para quienes hacen preguntas cómodas.
Quienes cubrimos de manera cotidiana las conferencias sabemos perfectamente cómo funcionan estos espacios. Se nos pide llegar con anticipación, registrar nuestra asistencia e, incluso, informar con antelación el tema que pretendemos abordar. Así se ha hecho siempre, con absoluta disposición y profesionalismo. Sin embargo, de un tiempo a la fecha, el trato ha cambiado.
Antes existía una rotación razonable. Se preguntaba en tercero o cuarto lugar y había oportunidad de plantear temas de interés público. Hoy la realidad es distinta. Primero fuimos desplazados hasta el final de la lista y ahora, simplemente, ya ni siquiera alcanzamos turno porque, de manera repentina, “la agenda” obliga a cancelar las preguntas.
La coincidencia resulta inevitable: los cuestionamientos que incomodan parecen ser los primeros sacrificados. Entonces surgen dudas legítimas. ¿Quién decide qué reporteros participan? ¿Quién determina el orden de las preguntas? ¿Con qué criterios se elige a los medios que sí pueden cuestionar y a los que deben quedarse callados?
No se trata de exigir privilegios ni de reclamar un trato preferencial. Se trata de defender un principio básico de cualquier gobierno democrático: el derecho de la prensa a preguntar y el deber de los servidores públicos de responder.
Si las conferencias terminan convirtiéndose en ejercicios donde solo tienen cabida las preguntas previamente filtradas o políticamente convenientes, el diálogo público pierde sentido. La transparencia deja de ser una práctica para convertirse en un discurso.
La crítica no debilita a un gobierno; lo fortalece.
