19 lecturas
Por Xóchilt Bravo Espinosa
Nos sumamos a la exigencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que haya una investigación exhaustiva, transparente, imparcial e independiente sobre los asesinatos de nuestros paisanos que viven y trabajan de forma honesta en Estados Unidos.
Particularmente, exigimos el esclarecimiento del homicidio de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, ocurrido el pasado 7 de julio a manos de un agente del ICE en Magnolia Park, Houston, donde residía hace más de 35 años. Lorenzo no tenía antecedentes penales, trabajaba en la construcción y era padre de tres ciudadanos estadunidenses. Además, no estaba cometiendo ningún delito cuando fue interceptado por los agentes, quienes según testigos- viajaban en vehículos sin identificación oficial y vestían de civiles.
Aunque las autoridades sostienen que Lorenzo intentó embestir a los elementos del ICE y que estos respondieron en legítima defensa, los videos y testimonios contradicen ese argumento, ya que los agentes dispararon de inmediato y sin una advertencia previa.
No es hecho aislado. Se han documentado diversos operativos del ICE que han generado graves cuestionamientos por el uso de la fuerza, la falta de identificación de los agentes y la ausencia de cámaras corporales durante las detenciones.
Desde hace varios meses, miles de mexicanas y mexicanos que todos los días salen a trabajar arduamente, construir carreteras, cosechar alimentos, levantar edificios y que sostienen buena parte de la economía de Estados Unidos no tienen la certeza si regresarán a sus casas con vida.
La condición migratoria de una persona nunca puede significar la pérdida de sus derechos humanos. La migración irregular podrá constituir una falta administrativa, pero no puede convertirse en sentencia de muerte. Ninguna autoridad está por encima del derecho a la vida, al debido proceso y a la dignidad humana.
México no puede guardar silencio cuando uno de sus ciudadanos pierde la vida en circunstancias abusivas. Defender a nuestros connacionales no es un acto de confrontación; es una obligación constitucional, diplomática y moral.