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Ana E. Rosete
GRUPO CANTÓN
Los integrantes del Ejido Huehuetoca, en el Estado de México, obtuvieron un amparo indirecto para frenar la ejecución de una sentencia que, aseguran, buscaba despojarlos de 65.7 hectáreas de su territorio con el aval de la representación estatal de la Procuraduría Agraria.
El recurso legal fue promovido el pasado 6 de abril por el Comisariado Ejidal ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con el respaldo de la Comisión de Ejidatarios, luego de que el 26 de marzo se ordenara ejecutar una resolución judicial emitida por la magistrada Ana Lilia Olvera.
De acuerdo con la demanda de amparo, durante la diligencia la magistrada instruyó telefónicamente al actuario Juan Bernardo Esquivel para reconocer la personalidad jurídica de la empresa Santander S.P.R. de R.L. de C.V. como tercero interesado, pese a que, afirman los ejidatarios, quienes se presentaron como sus representantes legales no acreditaron documentalmente esa calidad.
Los promoventes también señalaron presuntas irregularidades en los trabajos técnicos realizados para la ejecución de la sentencia. Acusaron que el perito en topografía, Venancio Francisco Aguirre, carecía de los planos y cuadros de construcción necesarios para ubicar con precisión los límites del terreno, además de que no realizó los estudios técnicos suficientes con base en la documentación del Registro Agrario Nacional.
En la demanda se recuerda que el conflicto agrario inició en noviembre de 2011, cuando Santander presentó una demanda contra el núcleo ejidal de Huehuetoca, procedimiento que derivó en una sentencia emitida en enero de 2021.
Los ejidatarios destacaron que una primera diligencia de ejecución fue suspendida en julio de 2025 para que el Tribunal Unitario Agrario obtuviera información técnica del Archivo General Agrario sobre la carpeta básica del ejido, incluyendo expedientes de ejecución, planillas de cálculo y cuadros de construcción, documentación que, sostienen, nunca fue incorporada al expediente.
