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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Los gobiernos municipales de Valle de Bravo y Donato Guerra quedaron bajo investigación federal luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promoviera denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras detectar presuntas inconsistencias en la comprobación y manejo de recursos públicos durante la Cuenta Pública 2024.
Los procedimientos abrieron cuestionamientos sobre los mecanismos de transparencia, supervisión y control financiero aplicados por las administraciones municipales, luego de que el órgano fiscalizador señalara posibles daños al patrimonio público por un monto conjunto superior a 221 millones de pesos.
En Valle de Bravo, la revisión corresponde a la Auditoría 2024-D-15110-19-0980-2025 relacionada con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), donde se establecieron observaciones por 40 millones 717 mil 575 pesos.
De acuerdo con los resultados de fiscalización, las anomalías corresponden a nueve obras públicas donde presuntamente no se acreditó de manera suficiente la aplicación del presupuesto asignado, debido a la falta de expedientes completos, pólizas contables, facturas, evidencia documental, procesos de contratación y reportes que comprobaran los trabajos realizados.
La situación generó críticas hacia la administración encabezada por Michelle Núñez Ponce, debido a que los recursos observados estaban destinados a proyectos de beneficio social e infraestructura básica, por lo que habitantes demandaron mayor claridad sobre el destino del dinero público utilizado durante el ejercicio revisado.
En el caso de Donato Guerra, la ASF detectó un monto observado de 181 millones 179 mil 633 pesos, derivado de la auditoría 2024-D-15032-19-0900-2025, donde fueron emitidos tres pliegos de observaciones relacionados con recursos federales.
Los señalamientos incluyen posibles deficiencias en registros contables, comprobación presupuestal y justificación del gasto correspondiente al FAISMUN, FORTAMUN y Participaciones Federales entregadas al municipio durante 2024.
Las investigaciones también ponen bajo revisión las áreas responsables de administrar, contratar y supervisar los recursos públicos, entre ellas tesorerías municipales, direcciones de obra y servidores públicos relacionados con los procedimientos financieros.
