Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La investigación relacionada con el presunto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, continúa generando cuestionamientos sobre la actuación de la edil y el desarrollo del caso, luego de que las autoridades ministeriales sostuvieran que existen elementos para considerar que el hecho habría sido simulado.
Los acontecimientos comenzaron el 31 de mayo de 2026, cuando la alcaldesa informó que había sido privada de la libertad y posteriormente consiguió escapar.
Sin embargo, desde las primeras horas posteriores al incidente surgieron dudas debido a la falta de una denuncia inmediata y a la escasa información proporcionada por la autoridad municipal sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Días después, la propia presidenta municipal difundió un mensaje en redes sociales para defender su postura, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre el supuesto plagio y anunció que ampliaría la información posteriormente, situación que no ocurrió. La ausencia de mayores explicaciones alimentó la incertidumbre entre habitantes del municipio y actores políticos.
El caso tomó un giro distinto cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que dentro de la carpeta de investigación figuraban seis personas imputadas por secuestro, entre ellas la propia alcaldesa. La hipótesis ministerial establece que el objetivo habría sido obtener el pago de un rescate por 40 millones de pesos para cubrir un presunto faltante de recursos públicos en el gobierno municipal.
La falta de pruebas públicas también quedó de manifiesto durante entrevistas concedidas a medios nacionales. En ellas modificó algunos aspectos sobre la forma en que recuperó su libertad, al señalar primero que logró huir de una zona boscosa y posteriormente admitir que desconoce si realmente escapó o si quienes la retenían decidieron dejarla ir, versiones que incrementaron las dudas sobre el relato inicial.
Mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para acreditar la presunta simulación del delito, la alcaldesa enfrenta además consecuencias políticas. Morena suspendió temporalmente sus derechos partidistas y el caso permanece bajo observación pública, a la espera de que tanto las autoridades ministeriales como la propia edil presenten elementos que permitan esclarecer los hechos.
