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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de 12 exfuncionarios y servidores públicos señalados por su probable intervención en una red que presuntamente creó y operó 324 plazas docentes inexistentes para desviar recursos públicos dentro del sistema educativo estatal.
Durante las audiencias celebradas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba con los que el órgano jurisdiccional determinó iniciar proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Como medida cautelar, los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria, cuyo plazo concluirá el próximo 26 de agosto.
De acuerdo con las indagatorias, el mecanismo comenzó a operar en 2021 mediante la asignación irregular de plazas registradas en planteles educativos que dejaron de funcionar hace varios años o que nunca existieron físicamente. La investigación sostiene que el grupo utilizó información administrativa para incorporar trabajadores inexistentes, controlar las cuentas bancarias asociadas a los supuestos nombramientos y disponer de los recursos económicos depositados por concepto de salarios.
Las pesquisas ubican como principal operador a un exsubsecretario de Administración y exdirector general de Personal, quien presuntamente coordinaba la estructura junto con exdelegados administrativos y personal adscrito a áreas operativas de la Secretaría de Educación. El resto de los implicados habría participado en el registro de movimientos, integración de expedientes y validación de altas dentro de los sistemas institucionales.
Las plazas apócrifas fueron detectadas en distintas regiones del Estado de México, entre ellas Toluca, Naucalpan, Metepec, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Amecameca, Cuautitlán y Valle de Bravo. La irregularidad salió a la luz tras revisiones documentales y verificaciones físicas realizadas en los centros de trabajo, donde se confirmó que el personal registrado no desempeñaba funciones.
Además de los 12 procesados, las autoridades mantienen vigentes cuatro órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con la investigación, por lo que el caso continúa abierto y podría derivar en nuevas acciones penales conforme avancen las diligencias.
