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Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- De acuerdo con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la alcaldía Cuauhtémoc concentra 430 inmuebles catalogados de alto riesgo, casi una tercera parte de los mil 313 edificios vulnerables en la Ciudad de México. En los últimos tres meses se han registrado cinco colapsos con saldo de 4 muertos y varios lesionados, reflejo de una crisis estructural que mantiene en alerta a la demarcación.
El desplome de una barda de adobe en una vivienda de la colonia Peralvillo, ocurrido este 25 de junio tras las intensas lluvias, volvió a poner sobre la mesa las deficiencias en materia de prevención.
Aunque en esta ocasión no hubo víctimas porque dos adultos mayores lograron salir a tiempo, el incidente se suma a una cadena de colapsos registrados en Hipódromo Condesa, Centro Histórico y San Antonio Abad.
Lo que está fallando en la administración de Alessandra Rojo de la Vega no es únicamente la reacción ante las emergencias, sino la prevención. Se han señalado rezagos en la identificación de inmuebles vulnerables, inspecciones insuficientes, falta de seguimiento a dictámenes estructurales, escasa vigilancia sobre obras irregulares y ausencia de un programa integral de mantenimiento preventivo en colonias con edificaciones centenarias.
Casos como el de Allende 74, donde una fachada colapsó durante una obra denunciada previamente por presuntas irregularidades, o el edificio de San Antonio Abad, que presentaba antecedentes de daños estructurales, evidencian fallas en la supervisión administrativa y en la coordinación entre Protección Civil, Desarrollo Urbano y las instancias responsables de verificar construcciones.
Aunque la alcaldía ha iniciado inspecciones en inmuebles de la colonia Guerrero, las revisiones resultan insuficientes frente al tamaño del problema. Colonias como Centro, Guerrero, Roma, Hipódromo Condesa y Santa María la Ribera concentran edificios con más de un siglo de antigüedad, afectados por humedad, hundimientos y falta de mantenimiento.
Para reducir el riesgo, se plantea un censo público y actualizado de inmuebles vulnerables, inspecciones obligatorias en edificios antiguos, seguimiento puntual a dictámenes estructurales, mayor transparencia en permisos de construcción y protocolos de desalojo preventivo antes de que nuevos derrumbes cobren más vidas.
