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Por Ricardo Sevilla
El reciente altercado en la Zona Rosa que involucró a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y a comerciantes de la vía pública, debería impulsarnos para ir más a fondo en el tema.
Y es que si bajamos al subsuelo de la administración de Rojo de la Vega encontraremos mucho fango.
De entrada, ¿no le llama a usted la atención que los medios de comunicación corporativos replicaron de forma casi unísona el discurso de la alcaldesa?
Aquí hay gato encerrado. ¿Y sabe usted de qué se trata? En la alcaldía Cuauhtémoc se ha puesto en marcha una estrategia gubernamental de “limpieza estética”, que está blindada por una cobertura mediática que intenta hacerle creer a la población que Rojo de la Vega es una víctima.
Ayer, después de haber grabado un video para mis redes sociales, fui contactado directamente por un grupo de trabajadores de la vía pública de la Zona Rosa, quienes contradicen la versión del “operativo de ordenamiento pacífico”.
Los comerciantes acusan que las supervisiones de la alcaldía no buscan la concertación, sino el decomiso inmediato de mercancías mediante operativos sorpresa, afectando el sustento de familias vulnerables.
“No solo nos han agredido con golpes, nos agreden quitándonos la comida de nuestros hijos bajo el pretexto de que nos vemos mal en la calle”, señala un líder de comerciantes que solicitó el anonimato por temor a represalias administrativas.
Y aquí hay algo muy interesante: este patrón se repite. Y es que, cada vez que la gestión de la alcaldía enfrenta cuestionamientos sobre subejercicios presupuestales, fallas en servicios públicos o falta de transparencia, surge un evento de alta tensión mediática.
Al colocar los reflectores sobre Rojo de la Vega, la crítica –fuerte y legítima– a su administración se desdibuja y queda neutralizada por sus defensores bajo la etiqueta de “campaña de odio”.
Sí nos damos una vuelta por la alcaldía, veremos que el espacio público en la Cuauhtémoc se ha convertido en un escenario de disputa donde el derecho al trabajo es criminalizado –¡por las propias autoridades de esa demarcación– en favor de un modelo gentrificador de ciudad.
Es evidente que la administración de Rojo de la Vega busca desplazar a los sectores populares para elevar el valor del suelo y atraer capital corporativo o turismo de alto poder adquisitivo.
Retirar puestos y decomisar mercancías, con la violencia y la arrogancia que ha demostrado la alcaldesa, asfixia el tejido social local.
El auditorio debe entender, de una vez por todas, que la narrativa oficial busca que empaticemos con el gobernante poderoso en lugar de solidarizarnos con el gobernado desposeído.
