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Redacción Grupo Cantón
Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) endurecieron su postura y exigieron la destitución inmediata de María del Rocío Vilchis Espinosa, Subdirectora de Atención al Derechohabiente del organismo, tras denunciar que la organización de presuntas rifas ilegales y el desvío de fondos hacia sus familiares no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática.
De acuerdo con los afectados, estas dinámicas —en las que se condiciona la participación de los empleados mediante depósitos económicos a cuentas bancarias de particulares vinculados a la funcionaria— se han venido realizando de manera constante y regular desde el primer día en que Vilchis Espinosa asumió su cargo en la institución.
A través de una denuncia presentada a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, los trabajadores señalaron que la permanencia de la funcionaria representa un riesgo para la integridad laboral y económica del personal, por lo que su destitución es indispensable para garantizar una investigación limpia y sin represalias.
Ante la gravedad y la continuidad de estas acciones, el colectivo de trabajadores hizo un llamado enérgico a Martí Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE, para que intervenga de manera directa, ordene una auditoría exhaustiva a la Subdirección de Atención al Derechohabiente y frene de tajo estos esquemas de recaudación informal dentro de las áreas de trabajo.
Los inconformes detallaron que la presión para transferir recursos a terceros relacionados con la funcionaria se ha normalizado de manera alarmante en los espacios laborales, violando flagrantemente la normatividad aplicable al servicio público, el Código de Ética y las leyes de transparencia vigentes.
Finalmente, los denunciantes reiteraron que no darán marcha atrás en sus exigencias y esperan que la dirección general, encabezada por Martí Batres, actúe en congruencia con los principios de honestidad y combate a la corrupción, procediendo penal y administrativamente contra quienes resulten responsables de este presunto abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
