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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Una empresa constituida en la notaría del hoy senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández aparece como el punto de partida de una red empresarial que obtuvo más de 2 mil 300 millones de pesos en contratos de infraestructura hidráulica, pese a que varias de las compañías involucradas carecían de experiencia en el sector.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el entramado está integrado por al menos diez empresas que concentraron adjudicaciones en proyectos hidráulicos estratégicos, particularmente en obras realizadas en Sinaloa y Sonora.
El caso gira alrededor de Ferroclin, compañía creada en 2014 en la notaría de Adán Augusto López, cuando éste aún ejercía funciones notariales en Tabasco. La empresa fue incluida por el SAT, en enero pasado, en la lista definitiva de compañías factureras o emisoras de comprobantes fiscales sin operaciones reales.
Pese a ello, entre 2019 y 2023 Ferroclin obtuvo contratos por alrededor de 329 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua. Uno de los casos señalados ocurrió en junio de 2022, cuando recibió un contrato por 90 millones de pesos para trabajos de sobreelevación en la presa derivadora Siqueros, infraestructura que alimenta el acueducto de Mazatlán.
La investigación señala además posibles esquemas de simulación de competencia entre participantes. En esa licitación participaron 18 propuestas, pero únicamente dos fueron consideradas solventes: Ferroclin y Estudios y Diseños Constructivos. Ambas firmas compartían a los mismos tres gerentes administrativos.
Incluso después de haber sido catalogada como empresa fantasma, Ferroclin continuó participando en concursos públicos. En marzo de este año concursó nuevamente por obras relacionadas con el río Suchiate, ahora asociada precisamente con Estudios y Diseños Constructivos.
La investigación también documenta cómo empresarios, contadores y operadores tabasqueños habrían asumido el control de firmas originalmente creadas en otros estados. Uno de los casos expuestos es el de Jylco Construcciones, empresa fundada en Acapulco cuyo accionista original, Marco Antonio Juárez Altamirano, falleció durante la pandemia sin conocer que su firma terminaría convertida en contratista de proyectos hidráulicos federales.
Años después, la administración de la empresa quedó en manos del empresario tabasqueño Alejandro Ramos Martínez y, pese a no contar con experiencia previa en infraestructura hidráulica, obtuvo un contrato por 177 millones de pesos para obras en la margen izquierda del río Presidio, en Sinaloa.
La publicación plantea que la red empresarial operó mediante cambios administrativos, empresas relacionadas y participación cruzada en licitaciones, configurando un esquema que permitió a compañías vinculadas entre sí concentrar contratos multimillonarios en proyectos estratégicos del sector hídrico.
