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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
Las pensiones que por diversas causas reciben los trabajadores resuelven, en contadas ocasiones, sus ingentes necesidades económicas. Ello provoca que pocos opten por jubilarse al llegar a la edad correspondiente, prefiriendo continuar laborando, situación que, bajo ningún concepto, puede considerarse deseable. Quien ha entregado décadas de esfuerzo merece un descanso digno y un ingreso adecuado que, si bien no iguale su último salario, represente al menos el ochenta por ciento de lo que venía devengando. Sin embargo, tal circunstancia es, en la práctica, una rara avis: se llega al absurdo de que un trabajador con treinta años de servicio vea reducido su ingreso a menos de la mitad al momento de jubilarse, lo que constituye, sin exageración, una burla institucionalizada.
En sentido opuesto, existen casos dignos de análisis y, más aún, de severa crítica: los altos funcionarios que se desempeñaron en bancos oficiales o empresas gubernamentales, quienes obtienen, incluso tras períodos breves de servicio, pensiones escandalosas que superan cotidianamente varios cientos de miles de pesos mensuales. Diversas acciones se han emprendido recientemente contra esta práctica, y la respuesta de los beneficiarios ha sido invariablemente la protesta. Alegan, en principio, que dichas percepciones no pueden reducirse por tratarse de “cosa juzgada”, o bien que ninguna ley puede tener efecto retroactivo. Jurídicamente, en buena medida, no les falta razón. No obstante, aquí es precisamente donde deben sopesarse los dos principios que tanto se debaten: el derecho y la justicia. Conforme al primero, resulta inaceptable que una nueva ley afecte situaciones consolidadas bajo una norma anterior. Pero conforme al segundo, al principio elemental de “dar a cada quien lo suyo”, es igualmente inaceptable que el erario, y con él toda la sociedad, soporte pensiones generosas y abusivas que representan una afrenta flagrante para los millones de trabajadores que jamás gozaron de tales privilegios ni de las influencias necesarias para obtenerlos.
Quizás no haya solución perfecta, pero es imperativo encontrar un punto de equilibrio. Las pensiones deben ser, en esencia, lo que su nombre sugiere: justas, proporcionales y verdaderamente humanas.
