Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La carretera México-Pachuca volvió a colocarse en el centro de las denuncias ciudadanas debido a presuntos actos de extorsión que afectarían a conductores particulares, transportistas y trabajadores que utilizan diariamente esta importante vía de comunicación entre el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.
Durante las últimas semanas, usuarios han difundido en redes sociales imágenes, videos y testimonios en los que señalan que individuos que portan identificaciones o se presentan como agentes ministeriales realizan detenciones y revisiones sin una justificación clara. De acuerdo con los reportes, posteriormente solicitan cantidades de dinero para evitar supuestas infracciones, aseguramientos o procedimientos legales que, según las víctimas, carecen de sustento.
Las denuncias se han concentrado principalmente en el municipio de Tecámac, una zona estratégica por donde circulan diariamente miles de vehículos de carga, unidades de transporte y automóviles particulares. Para quienes recorren constantemente la ruta, la preocupación no sólo radica en la posible pérdida económica, sino en la incertidumbre de no saber si se trata de autoridades legítimas o de personas que utilizan cargos públicos para obtener beneficios indebidos.
A principios de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre investigaciones relacionadas con señalamientos de características similares. Como parte de esos procedimientos, varios elementos de la Policía de Investigación fueron separados temporalmente de sus funciones mientras se desarrollaban las indagatorias correspondientes.
Representantes del sector transporte y habitantes de comunidades cercanas consideran que las acciones implementadas hasta ahora han sido insuficientes para recuperar la confianza de los usuarios. Por ello, solicitaron operativos plenamente identificados, patrullajes permanentes y protocolos que permitan corroborar de manera inmediata la autenticidad de quienes participan en revisiones vehiculares.
Aunque las autoridades han reiterado el llamado a denunciar cualquier irregularidad, conductores consultados sostienen que muchas víctimas prefieren no iniciar procedimientos formales debido al tiempo que implica realizar los trámites o al temor de posibles represalias.
La situación mantiene inquietud entre familias y trabajadores que dependen de esta carretera para trasladarse diariamente. Los afectados insisten en que la vigilancia institucional debe garantizar protección y certeza jurídica, evitando que los espacios destinados a la seguridad se conviertan en motivo de desconfianza para la población.
