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Ana E. Rosete
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México respondió una solicitud de transparencia relacionada con el programa “Zócalo de Gobierno Ciudadano” con 12 páginas de tecnicismos jurídicos, citas normativas y argumentos burocráticos, pero sin aclarar qué ocurrió con las denuncias y atenciones ciudadanas recibidas durante las jornadas.
A través de la solicitud 090161826000699 presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia por la activista, Lucía Hernández, se pidió información específica sobre la participación de la dependencia en dichas jornadas, el personal asignado, los registros de atención, los tipos de casos recibidos, las acciones implementadas y los resultados obtenidos.
La Contraloría, encabezada por Nashieli Ramírez, reconoció que sí participa en el programa y confirmó que entre enero y abril de 2026 generó 100 registros de atención. Sin embargo, no informó cuántos casos fueron resueltos, cuántos continúan abiertos, cuántos derivaron en investigaciones administrativas o cuántos concluyeron en sanciones.
La dependencia, cuya función principal es fiscalizar, auditar e investigar irregularidades dentro del gobierno capitalino, terminó respondiendo con argumentos que evitaron transparentar información verificable sobre su propio desempeño.
Uno de los puntos más cuestionados de la respuesta fue que la Contraloría argumentó que la solicitud “no señalaba un periodo específico”, pese a que el requerimiento preguntaba expresamente por las jornadas realizadas desde octubre de 2024, fecha en que comenzó el programa “Zócalo de Gobierno Ciudadano”.
En lugar de entregar información histórica completa sobre las jornadas en las que participó, la dependencia destinó varias páginas a citar principios legales y disposiciones relacionadas con transparencia y máxima publicidad.
Aunque en la solicitud se precisó que no se requerían datos personales y que cualquier información sensible podía testarse mediante versiones públicas, la Contraloría utilizó la protección de datos como argumento para no informar sobre los tipos de denuncias recibidas, las acciones emprendidas y los seguimientos realizados.
Además, la institución insistió en varias ocasiones en que “no está obligada a elaborar documentos ad hoc”, aun cuando la petición únicamente solicitaba acceso a registros administrativos que deberían existir dentro de sus archivos institucionales.
El caso exhibe el uso de criterios restrictivos, sobrecarga jurídica y respuestas ambiguas por parte de una dependencia encargada precisamente de vigilar la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.
