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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La postura asumida por la senadora Mariela Gutiérrez Escalante sobre la eliminación de miles de perros durante su paso por el gobierno de Tecámac volvió a colocar en el centro del debate una de las decisiones más controvertidas de su administración y abrió cuestionamientos políticos sobre el mensaje que proyecta una figura pública al defender esa estrategia años después.
La legisladora reconoció que durante su gestión municipal se aplicó el sacrificio de más de 14 mil animales considerados ferales, agresivos o enfermos, medida que justificó bajo criterios de seguridad pública y protección sanitaria. Incluso aseguró que existía respaldo ciudadano para continuar con dichas acciones.
Sin embargo, lejos de cerrar el tema, sus declaraciones provocaron nuevas reacciones entre especialistas en bienestar animal y organizaciones defensoras, quienes sostuvieron que la exposición pública de esta política revive señalamientos históricos sobre el manejo de fauna urbana y evidencia la ausencia de soluciones integrales.
Los críticos señalaron que el exterminio masivo no puede presentarse como una victoria administrativa ni como una política ejemplar cuando existen mecanismos orientados al control poblacional mediante esterilización, campañas de adopción, resguardo temporal y educación comunitaria. También recordaron que organismos internacionales han recomendado reducir al mínimo el sacrificio como herramienta de control.
La senadora defendió nuevamente la actuación de su administración al argumentar que la decisión se tomó después de incidentes relacionados con ataques de perros y sostuvo que todo procedimiento se realizó conforme al marco normativo vigente. Añadió que la investigación iniciada por autoridades ministeriales continúa abierta y confió en que confirmará la legalidad de lo realizado.
No obstante, para colectivos protectores, el problema dejó de ser únicamente jurídico y pasó al terreno político. Consideraron que mantener una postura de defensa absoluta proyecta un doble discurso frente a las narrativas de bienestar animal impulsadas desde distintas instancias de gobierno y desde el propio movimiento político al que pertenece la legisladora.
