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• Gobierno plantea simplificar voto judicial y ampliar participación ciudadana
• Elecciones coincidirían con revocación mandato y procesos locales futuros
• Buscan reducir candidatos y homologar criterios en evaluación
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con una proyección de 4 magistrados electorales, 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito, además de 424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces en 25 entidades, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para aplazar la elección del Poder Judicial al domingo 4 de junio de 2028, con el objetivo de hacerla más accesible, ordenada y concurrente con otros procesos electorales.
Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el cambio busca evitar complicaciones logísticas para la ciudadanía, ya que de realizarse en 2027 implicaría votar en distintas casillas. “La gente tendría que moverse de un lugar a otro; queremos facilitar el ejercicio democrático en una sola ubicación”, sostuvo.
La propuesta también contempla que, en caso de coincidir con la revocación de mandato en 2028, ambos ejercicios se realicen el mismo día y en la misma casilla, optimizando recursos y participación.
Por su parte, la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján detalló que esta reforma permitirá que las elecciones judiciales futuras se mantengan alineadas con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036, garantizando continuidad institucional.
Uno de los ejes centrales es la simplificación de la boleta electoral. Se reducirá el número de candidaturas mediante un proceso en el que una Comisión Coordinadora seleccionará a los mejores perfiles y, mediante insaculación pública, se definirá a los finalistas, respetando la paridad de género.
Además, se busca crear una Comisión Única de Evaluación entre los tres poderes, con criterios homologados para revisar perfiles, lo que apunta a mayor transparencia y menor dispersión de reglas.
Entre otros cambios, destaca que el escrutinio se realizará en la misma casilla, se adelantará el plazo del Senado para emitir convocatorias y se reforzarán mecanismos de capacitación obligatoria para jueces y magistrados.
La iniciativa también plantea replicar este modelo en los poderes judiciales locales, estableciendo lineamientos uniformes en todo el país, en un intento por consolidar una transformación de fondo en la impartición de justicia.
