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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
Badiraguato es un municipio ubicado en Sinaloa, tierra natal de varios de los narcotraficantes más poderosos de la historia reciente, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Arturo Beltrán Leyva. Lo verdaderamente revelador es que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitara ese lugar con llamativa frecuencia: entre 2019 y 2023 acudió en seis ocasiones, muchas de ellas por motivos que difícilmente pueden calificarse de esenciales. En octubre de 2020, por ejemplo, se limitó a reunirse con autoridades locales; en 2021, asistió para inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar. Siempre existió la sospecha de que AMLO profesaba una particular predilección por ese rincón de Sinaloa y, precisamente en aquella visita de octubre de 2020, saludó a la madre de El Chapo.
De manera sistemática, López Obrador mostró una llamativa condescendencia hacia el crimen organizado. Era habitual escucharle frases como “no se puede combatir el fuego con fuego”, y más aún aquella que se volvió emblema de su política de seguridad: “abrazos, no balazos”.
Su afinidad por Badiraguato también quedó de manifiesto en que cada visita estuvo acompañada por el entonces gobernador Quirino Ordaz. Este último, sin formación diplomática ni conocimiento del derecho internacional, fue designado al término de su mandato como embajador de México en España.
Hoy resulta inevitable realizar un análisis retrospectivo de la conducta de López Obrador, sobre todo ahora que un juez ha librado órdenes de aprehensión contra el propio mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos de esa entidad. La situación coloca al gobierno actual ante un reto jurídico y político de primer orden. El mandato judicial es, en esencia, claro: un juez, con el propósito de impedir la fuga de los presuntos involucrados, emite órdenes de aprehensión que deben ejecutarse de manera inmediata. Sin embargo, diversas voces han exigido, de forma errónea, la presentación de “pruebas contundentes” como condición previa a la detención, lo cual revela un desconocimiento elemental del proceso penal.
Distinto es el caso de una eventual extradición. Para que Rocha y sus presuntos cómplices puedan ser entregados a EU, sí se requiere verificar que los delitos imputados en ese país sean equivalentes a conductas tipificadas también en México.
