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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
En México se ha vuelto costumbre que quienes enfrentan una acusación penal intenten eludir a la justicia. Muchos optan por abandonar el país, lo que activa la intervención de Interpol. Sin embargo, estas gestiones rara vez prosperan y derivan en prolongados procesos de extradición, donde resulta indispensable demostrar que el delito imputado también está tipificado en la nación a la que huyó el señalado.
Tampoco es infrecuente que personas inocentes terminen siendo blanco de persecución política o que, al menos, persista esa percepción. En administraciones anteriores, durante los gobiernos priistas, era habitual procesar a uno o varios exfuncionarios. En el ámbito político, el peculado y el tráfico de influencias se han consolidado como prácticas recurrentes e incontenibles. Hoy en día, no es raro que un servidor público recién nombrado busque de inmediato vías para enriquecerse de forma ilícita. A esto se suman conductas igualmente reprobables: el nepotismo y los negocios al margen de la ley. En el escenario menos grave, por ejemplo, un funcionario constituye empresas de adquisiciones o construcción a través de terceros para beneficiarse después con contratos asignados a modo.
Superar estas conductas resulta complejo, sobre todo cuando obstruyen cualquier intento serio de erradicar la corrupción.
Quienes optan por la fuga aducen una profunda desconfianza en el sistema judicial, y no sin cierto fundamento. La impartición de justicia atraviesa una severa crisis de credibilidad ante la ciudadanía. Gran parte de los jueces, hoy como ayer, carecen de la imparcialidad necesaria y exhiben, lo más preocupante, deficiencias graves atribuibles a la ignorancia, la incapacidad o la inexperiencia.
Al final, lo que merece análisis es la actitud de quienes consideran la huida como la mejor vía para eludir un proceso. Buscan refugio en otros territorios donde su libertad esté garantizada, mientras confían en que sus abogados impedirán que pisen la cárcel; una prisión que, dicho sea de paso, se ha convertido en otro foco de corrupción y degradación, aunque ese es un tema aparte.
El anhelo es que estos y otros males se corrijan, y que algún día la justicia opere sin consignas ni presiones externas. Solo entonces la ciudadanía podrá recobrar la confianza en ella.
