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Por Ana E. Rosete
Hay cifras que se presumen y otras que incomodan. En la Ciudad de México, las autoridades celebran una reducción en los feminicidios: de 68 casos en 2024 a 44 en 2025, una caída cercana al 35%. Pero basta rascar un poco para entender que la violencia de género no se mide sólo en descensos anuales ni en conferencias optimistas.
Porque mientras los números bajan en el discurso, en la realidad se fragmentan. En el primer bimestre de 2026, los feminicidios volvieron a crecer hasta en 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Y no sólo eso: la capital encabeza llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres, con miles de reportes que rara vez llegan a sentencia.
Después de una década cubriendo esta ciudad, una aprende a desconfiar de las estadísticas aisladas. Porque la deuda con las mujeres no está únicamente en la cifra final, sino en todo lo que ocurre antes: denuncias que no prosperan, carpetas mal integradas, delitos reclasificados. En México, más de 5 mil mujeres fueron asesinadas en 2025, pero sólo una fracción fue investigada como feminicidio. Esa brecha también es violencia.
La Ciudad de México ha avanzado en protocolos, fiscalías especializadas y discurso institucional. Pero la deuda sigue siendo estructural: garantizar que una mujer pueda denunciar sin miedo, que no tenga que desaparecer para ser buscada, que no necesite morir para que el Estado actúe.
La violencia de género no empieza con el feminicidio, empieza mucho antes: en el acoso cotidiano, en la impunidad sistemática, en la normalización del miedo. Y ahí, en ese terreno invisible, es donde la ciudad sigue fallando.
Porque mientras se celebren reducciones sin mirar el contexto, la deuda seguirá intacta. Y las mujeres, también, seguirán pagando.
