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Por Eduardo López Betancourt
Acusa EU a Rocha Moya
Durante varios años fui promotor y, sobre todo, profesor de posgrado en Derecho de la Universidad de Sinaloa, experiencia que me permitió forjar entrañables amistades y adentrarme en la problemática social que aqueja a esa entidad, marcada de manera determinante por el narcotráfico. El entonces director de la Facultad de Derecho y posteriormente del posgrado de esa misma Casa de Estudios, el doctor Gonzalo Armienta Hernández, me señaló que el fenómeno de este flagelo involucraba a amplios sectores de la sociedad: quien no se dedicaba a esas actividades tenía, al menos, algún familiar inmerso en tan grave drama. Esa realidad convertía el tema en un asunto de enorme complejidad. Y ante un panorama tan desolador, resulta evidente que las autoridades no podían mantenerse al margen.
Un caso que en su momento resultó particularmente llamativo fue el del exgobernador y el actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. Los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado alcanzaron tal intensidad que varios analistas sostienen que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo designó en ese cargo diplomático durante el sexenio 2018-2024 precisamente para protegerlo, enviándolo a una de las sedes de mayor relevancia: el Reino de España. Lo paradójico es que Ordaz Coppel, sin formación alguna en derecho internacional, llegó a Madrid para ejercer un papel discreto, cuando no opaco, que según sus críticos servía para blindar un pasado vinculado a influyentes cabezas del comercio de estupefacientes.
Ahora, un tribunal federal estadounidense ha formalizado cargos contra el actual mandatario sinaloense, Rubén Rocha Moya, junto con otras nueve personas. Las acusaciones lo vinculan directamente con las actividades ilícitas del cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”. Según el Departamento de Justicia norteamericano, Rocha Moya habría llegado al poder con el respaldo de esa organización criminal, que presuntamente recurrió al secuestro e intimidación de sus rivales políticos para garantizar su triunfo electoral. A cambio, el titular del Ejecutivo estatal habría asegurado a los líderes criminales operar con total impunidad en la región, mientras sus fuerzas policiales protegían cargamentos de droga con destino a Estados Unidos.
La magnitud del escándalo constituye un severo golpe para la nación mexicana. Desde una perspectiva institucional, lo conducente sería que Rocha Moya solicitara licencia en su cargo mientras enfrenta tan grave imputación, en la que insiste en declarar su inocencia. La respuesta del poder ejecutivo federal ha sido cauta: la Cancillería recibió la solicitud formal de extradición, pero tras una revisión preliminar determinó que el expediente no contiene elementos suficientes para ordenar una detención inmediata, por lo que el caso fue remitido a la Fiscalía General de la República para su análisis.
El ejecutivo norteamericano ha sido categórico al sostener que funcionarios de alto rango en México están coludidos con las redes de distribución de estupefacientes a gran escala, siendo Estados Unidos el principal mercado y, por ende, el País más afectado por esa crisis. Lo que está en juego no es únicamente el futuro político de un jefe de gobierno estatal: es la credibilidad de la República frente a sus propios ciudadanos y ante la comunidad internacional. Sinaloa, atrapada entre la geografía del poder criminal y la complicidad de quienes debían combatirlo, merece una respuesta a la altura de su tragedia.
