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La salida anticipada de mandatarios ha estado marcada por investigaciones judiciales, presiones políticas y crisis sociales que han derivado en la interrupción de sus mandatos
Ana E. Rosete
Ciudad de México.- La reciente separación del cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se suma a una lista de al menos nueve mandatarios estatales que en las últimas tres décadas han abandonado sus funciones en medio de acusaciones de corrupción, presuntos vínculos con el crimen organizado o crisis políticas que comprometieron la gobernabilidad en sus entidades.
De acuerdo con antecedentes documentados, uno de los casos más representativos ocurrió en 2016, cuando el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó licencia en medio de investigaciones por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
En 2014, dos entidades registraron relevos en sus gobiernos. En Michoacán, Fausto Vallejo dejó el cargo tras señalamientos por presuntos vínculos de su entorno con el crimen organizado. Ese mismo año, en Guerrero, Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia luego de la crisis derivada de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los antecedentes se remontan a la década de los noventa. En 1998, Jorge Carrillo Olea renunció al gobierno de Morelos tras cuestionamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. En 1996, en Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer dejó el cargo luego de ser señalado por su responsabilidad política en la masacre de Aguas Blancas. Ese mismo año, en Nuevo León, Sócrates Rizzo se separó del cargo tras escándalos de corrupción.
Otros casos han estado relacionados con crisis políticas y sociales. En 1995, Eduardo Robledo Rincón renunció al gobierno de Chiapas en el contexto del conflicto con el EZLN. En 1992, Guillermo Cosío Vidaurri dejó la gubernatura de Jalisco tras la crisis política derivada de las explosiones en Guadalajara.
Este recuento refleja que, en los últimos 30 años, la salida anticipada de gobernadores en México ha estado marcada por investigaciones judiciales, presiones políticas y crisis sociales que han derivado en la interrupción de sus mandatos.
