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Por Ana E. Rosete
La política mexicana vuelve a retratarse en uno de sus peores reflejos: el oportunismo disfrazado de firmeza. Esta vez, el episodio se dio tras la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, cuando el Congreso de Sinaloa debía votar a su sustituto en un momento crítico para el estado.
La ausencia de diputados de Movimiento Ciudadano y la abstención del PAN desataron críticas inmediatas. El más estridente fue Alejandro Moreno, quien no dudó en calificarlos de “cobardes” y acusarlos de ser funcionales al poder. Un discurso duro, frontal y, en apariencia, políticamente rentable.
Pero la narrativa no resistió contraste.
La respuesta llegó de Gibrán Ramírez Reyes, quien evidenció lo que Moreno omitió: algunos de los legisladores señalados no estaban ausentes por cálculo político, sino por causas de fuerza mayor. Sergio Torres, tras haber sido baleado en la cabeza. Eli Montoya, bajo seguimiento médico por el mismo atentado.
El señalamiento cambia por completo el sentido del debate. Ya no se trata de tibieza política, sino de una crítica construida sin contexto, o peor, ignorándolo deliberadamente. Y ahí es donde el discurso de Moreno se derrumba.
Porque exigir responsabilidad es válido, pero lucrar políticamente con la ausencia de víctimas de violencia es otra cosa. Lo que pretendía ser un golpe contra la oposición terminó exhibiendo una práctica igual de cuestionable: la de usar cualquier coyuntura para golpear, incluso cuando los hechos no sostienen la narrativa.
Eso no borra el problema de fondo. La oposición sigue atrapada entre la omisión y el cálculo. Pero tampoco justifica acusaciones que se desmoronan ante la realidad.
Al final, Moreno quiso marcar la agenda y terminó marcado por ella. En política, no solo importa el volumen del discurso, sino su sustento. Y esta vez, el tiro le salió por la culata.
