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Ana E. Rosete
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra presuntos “narcopolíticos” vinculados a Morena, en medio de la crisis desatada por acusaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios de ese partido.
Desde el Senado de la República, el líder priista exhibió el acuse de recibo de la denuncia interpuesta y sostuvo que existen indicios de vínculos entre actores políticos de Morena y el crimen organizado, por lo que exigió una investigación a fondo por parte de las autoridades mexicanas.
Moreno Cárdenas llevó el tema también al terreno legislativo, donde buscó presionar para que se cite a comparecer a funcionarios señalados y se abra un debate sobre lo que calificó como una “crisis de seguridad y legalidad” en el país.
En su posicionamiento, el dirigente del PRI utilizó el término “narcopolíticos” para referirse a integrantes de Morena, en alusión a los señalamientos provenientes de Estados Unidos que involucran a funcionarios, principalmente en Sinaloa, por presuntos nexos con el narcotráfico.
El punto más polémico de su ofensiva política fue la solicitud de retirar el registro a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al argumentar que el partido habría sido infiltrado por el crimen organizado.
No obstante, especialistas advierten que dicha petición enfrenta obstáculos legales significativos, ya que la cancelación del registro de un partido político corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y requiere acreditar violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral.
La acción del PRI ocurre en un contexto de creciente tensión política tras las acusaciones formuladas por fiscales estadounidenses contra funcionarios mexicanos, lo que ha detonado una confrontación entre fuerzas políticas y ha elevado la presión sobre el gobierno federal.
