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Ana E. Rosete
Seis días antes de que se hiciera pública la acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó una advertencia directa desde territorio sinaloense: la corrupción y la extorsión son factores que inhiben la inversión y comprometen el desarrollo de proyectos estratégicos en la región.
El señalamiento ocurrió durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo energético Pacífico Mexinol, en Topolobampo, evento encabezado por el propio mandatario estatal. Ahí, frente a autoridades y representantes del sector, el diplomático subrayó que la certidumbre jurídica y la transparencia son condiciones indispensables para atraer capital extranjero.
“La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, afirmó, al advertir que ninguna empresa está dispuesta a arriesgar recursos en entornos donde prevalece la opacidad institucional. En ese sentido, insistió en que la claridad en las reglas y la rendición de cuentas no son opcionales, sino pilares para generar confianza y detonar crecimiento económico en América del Norte.
El posicionamiento cobra relevancia a la luz de los hechos posteriores. Apenas unos días después, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación formal contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con reportes periodísticos, el gobernador tiene además cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos desde el año pasado.
El contexto se volvió aún más delicado tras un incidente ocurrido el 19 de abril, cuando dos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) murieron en un accidente automovilístico al regresar de un operativo en el que autoridades mexicanas desmantelaron laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas.
En conjunto, los hechos delinean un escenario de creciente presión bilateral, donde los señalamientos sobre corrupción, seguridad y cooperación en materia de combate al narcotráfico comienzan a entrelazarse con decisiones políticas y judiciales de alto impacto.
