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Por Juan R. Hernández
En el salón de sesiones, donde las palabras suelen perderse entre tecnicismos, hubo una escena distinta. La diputada Rosario Morales subió a tribuna con un tema que rara vez ocupa titulares: la estatura. No como dato físico, sino como frontera invisible.
Habló de niñas y niños que, todos los días, llegan a la escuela con algo más que la mochila cargada. Llegan con obstáculos. Pizarrones demasiado altos, lavamanos lejanos, bebederos inalcanzables. Cosas simples que, vistas desde arriba, parecen menores; pero que, a ras de piso, se convierten en barreras.
Su iniciativa —adicionar el artículo 37 Bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México— busca algo tan básico que incomoda: que la escuela esté pensada para todos. Que la inclusión deje de ser discurso y se vuelva diseño. Porque hoy, para estudiantes de talla baja, la autonomía no es un derecho garantizado, sino una lucha cotidiana.
En ese contraste, la legisladora dejó una idea flotando: la desigualdad no siempre grita, a veces se mide en centímetros.
Mientras tanto, en otra esquina del debate público, el PAN levanta la voz por lo que viene: el Mundial. Miguel Errasti pide planes, cifras, protocolos. Cuántos policías, qué hospitales, qué hacer si algo falla. La preocupación es legítima: una ciudad que recibirá al mundo no puede improvisar.
Y ahí es donde ambas historias se cruzan, aunque parezcan lejanas. Porque mientras unos piensan en millones de visitantes, otros recuerdan que la ciudad aún tiene deudas con quienes la habitan todos los días.
La crónica urbana se escribe así: entre lo urgente y lo importante. Entre la vitrina internacional y el aula cotidiana. Entre el espectáculo que exige orden y la realidad que pide justicia.
Quizá la pregunta no es si estamos listos para recibir al mundo, sino si ya aprendimos a mirar hacia abajo, a esa altura donde muchos viven la ciudad.
Porque gobernar también es eso: ajustar la mirada.