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Hay momentos en que la política discute impuestos, poder o representación. Y hay otros, más hondos e inquietantes, en los que empieza a discutirse la vida misma. Creo que ahí estamos. Ya no se trata solo de cuánto Estado, cuánto mercado, cuánta regulación o cuánta libertad individual aguanta una democracia. Lo que está en juego es algo más serio: qué entiende una sociedad por dignidad, cuidado, sufrimiento y por el límite entre acompañar a una persona o soltarla y facilitarle la muerte.
Tengo más de 40 años, y no siempre fue así. Izquierda y derecha no nacieron discutiendo eutanasia, familia o la cada vez más radical cultura woke. Nacieron en la Revolución francesa, cuando la disputa era por el rey, el orden político y la reorganización del poder. Pero el tiempo cargó esos conceptos de otras capas. Dejaron de ser solo categorías institucionales o económicas. También se volvieron éticas, culturales, incluso antropológicas. Y hoy esa discusión llegó a un terreno delicado: mientras una parte del progresismo impulsa la eutanasia y la coloca en espacios de enorme visibilidad —como la exposición montada en el Metro de la Ciudad de México hace unas semanas para promover la llamada “Ley Trasciende”—, otras ofertas políticas, retratadas por medios afines a la izquierda como autoritarias, quieren presentarse como defensoras de una idea de poder orientada a preservar la vida, detectar enfermedades a tiempo y acompañar al paciente antes de que todo se venga abajo.
Desde hace años circula una anécdota atribuida a Ronald Reagan. Una niña le dice que quiere ser presidenta y que, cuando llegue al poder, lo primero que hará será dar comida y casa gratis a todos los pobres. El chiste pega porque se burla de una fantasía vieja: creer que el Estado puede resolverlo todo con solo prometerlo. Reagan se reía de esa ingenuidad estatista. Lo preocupante es que hoy cierta izquierda ya no solo promete bienestar sin costo —mientras erosiona poco a poco el derecho a la vida, libertad y propiedad—; ahora también ofrece salidas “dignas” a una sociedad a la que hace mucho dejó de enseñar a cuidar, sostener y resistir. Ahí está el fondo del problema: ya no solo se discute cuánto reparte el poder, sino cuánto valor le sigue reconociendo a la existencia cuando pesa, duele o depende de otros.
Ahí entra la derecha. O, para ser más precisos, cierta derecha que, con todas sus áreas de oportunidad, todavía parece aferrarse a una intuición básica: el deber del poder no es volver aspiracionista la renuncia, sino sostener la vida. No se trata de negar el dolor ni de fingir que el sufrimiento no existe. Se trata de algo más elemental: si el Estado prefiere ser eficaz para facilitar la muerte antes de volverse serio para acompañar la vida, entonces algo se quebró.
Por eso el caso de El Salvador resulta interesante, más allá de simpatías o antipatías con Nayib Bukele. Lo importante no es solo que hayan lanzado DoctorSV, sino cómo lo han contado. No como una app más ni como un gadget para presumirse en foros tecnológicos, sino como una apuesta de poder. Lo presentaron junto con Google y CAF, y desde ahí quedó claro que buscaban algo más que una herramienta digital: querían construir una narrativa para alejarse, por un lado, de las megaprisiones y de la crítica por presuntamente no respetar los derechos humanos de los pandilleros presos, mientras, por otra parte, él alega defender los de millones de salvadoreños que solo buscan vivir en paz. La historia de una oferta política que no claudica cuando ya todo tronó, sino antes; la de una autoridad que detecta, acompaña, insiste y no deja que su gente se pierda sola en el camino.
La justificación de esa política no gira alrededor de la novedad tecnológica, como tantos artículos y programas alrededor de la IA. Gira alrededor de una idea más potente: que ningún salvadoreño llegue tarde al diagnóstico, que ningún paciente con padecimientos de largo aliento se extravíe entre descuido o falta de seguimiento, y que el Estado no llegue solamente cuando el cuerpo o la mente ya se quebraron. La apuesta consiste en pasar de la atención por incidente al seguimiento permanente del diabético, del hipertenso, del paciente renal, de la persona que quizá lleva años enferma sin saberlo y suele enterarse cuando ya no hay vuelta atrás. Ahí hay una diferencia de fondo. No se trata solo de curar cuando ya hay crisis. Se trata de no soltar ni de invitar a morirse.
Ese punto importa más de lo que parece. Porque el problema que ese modelo dice querer resolver no es solo la mala atención o la escasez. También es el abandono. La pastilla que no se toma. El examen que no se hace. La consulta a la que nadie regresa. El paciente que, simple y brutalmente, se cae del sistema. Por eso DoctorSV se vende como algo más que telemedicina: un esquema que identifica riesgos, ordena estudios, genera recordatorios, insiste y escala el seguimiento si la persona no acude. En otras palabras, no están vendiendo una app, sino un enfoque híbrido con pretensión humanista. Están vendiendo la idea de una autoridad que no suelta a su gente cuando empieza a enfermarse.
Y hay una frase que resume toda esa lógica: el Estado cuidando a su gente. Suena simple, pero no lo es. Porque detrás de eso hay una concepción concreta del poder. No un aparato burocrático que universaliza el sistema de salud sin tener nada qué ofrecer más allá de la credencial, sino uno que quiere verse activo, preventivo, incluso insistente. Y lo más importante es que su razonamiento no se queda en la esfera individual. Entiende algo que muchos proyectos olvidaron: detrás de una enfermedad mal atendida no solo hay una persona enferma. Hay una familia que luego carga con la invalidez, la pérdida de ingresos, la rehabilitación y el cuidado diario. La enfermedad no destruye solo un cuerpo; también hiere una casa.
Por eso el objetivo declarado de esa política tiene fuerza simbólica: que ningún salvadoreño con una enfermedad de larga duración se quede sin saberlo y que nadie que lo sepa se quede sin tratamiento. Se podrá discutir si lo logran o no, si las cifras cuadran o no, si el relato oficial exagera o no. Todo eso es válido. Pero incluso concediendo el margen de propaganda, la dirección del mensaje importa: una oferta política que quiere ser vista como una que previene y lucha, no como una que empieza a censurar el derecho a la vida y vende el de la muerte.
Eso es justamente lo que vuelve más nítido el contraste con la izquierda wokista definida como promuerte. Mientras una parte del progresismo afina el lenguaje para volver presentable la eutanasia, hablar de “muerte digna” y convertir la eliminación deliberada de la vida en una política cada vez más normalizada, la derecha que todavía conserva algún instinto de conservación civilizatoria insiste en otra cosa: cuidar, sostener, resistir, fortalecer vínculos, evitar que la fragilidad humana desemboque demasiado pronto en descarte.
La iniciativa ciudadana de cambios a la Ley de Salud, que senadores de Morena, PRI, MC, PVEM y PT hicieron suya y presentaron de manera formal desde el año pasado, se encuentra en estudio por la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Eso obliga a afinar el ángulo: no estamos ante una política oficial de un gobierno en sentido estricto, sino ante una agenda impulsada desde sociedad civil, activismo y élites legislativas que ya encontró eco en distintas fuerzas políticas. El punto de fondo no cambia. La pulsión por volver aceptable la muerte asistida ya no vive solo en márgenes ideológicos; también busca abrirse paso en la conversación institucional.
Detrás de mucha retórica progresista sobre compasión, autonomía y defensa de derechos para todxs también hay ideología externa disfrazada de cansancio moral. Cansancio de cuidar. Cansancio de sostener al que depende. Cansancio de asumir que la familia, la comunidad y el Estado tienen deberes. Es más fácil envolver la muerte para regalo, en lenguaje compasivo, que reconstruir redes de apoyo, fortalecer hogares, combatir el abandono o formar una cultura de responsabilidad. Lo primero luce moderno. Lo segundo exige trabajo y paciencia.
Ahí es donde la diferencia entre derecha e izquierda deja de ser una discusión escolar sobre etiquetas y se vuelve un desacuerdo de fondo sobre qué civilización queremos sostener. Una visión todavía cree —aunque a veces de manera torpe e incompleta— que gobernar implica ponerse del lado de la vida, la familia, la libertad y la responsabilidad. La otra empieza a deslizarse hacia una lógica más oscura: la de un Estado que promete bienestar sin costo, debilita poco a poco los fundamentos que hacen posible una sociedad libre y, al final, termina insinuando que también puede ofrecer una salida “digna” cuando vivir se vuelve demasiado difícil. Justo como pasó con el aborto.
Ese es, en el fondo, el punto. Ya no estamos solo ante un debate sobre programas, presupuestos o tecnologías. Estamos ante una disputa más profunda: si el poder existe para acompañar a la persona cuando su vida empieza a quebrarse, o si poco a poco va a normalizar que su tarea también puede consistir en ayudarla a desaparecer. Y entre una política que se organiza para sostener la vida y otra que empieza a perfeccionar el lenguaje de la muerte, algunos todavía tenemos claro de qué lado vale la pena estar.
