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Por Eduardo López Betancourt
Está próximo a definirse quiénes integrarán el nuevo Consejo General del INE. El proceso ha sido manejado con una discreción que muchos no dudarían en calificar de opacidad. Lo cierto es que, en todo este entramado, los ciudadanos continúan siendo los grandes ausentes, una realidad a la que, lamentablemente, ya estamos habituados. Poco ha cambiado: a posiciones de tal relevancia institucional llegarán quienes resulten convenientes a los grupos de poder y se encuentren más alineados con las circunstancias políticas del momento. Al final, el pueblo es quien menos sabe, o menos se apropia, de quiénes serán los beneficiados. Se conoce que hubo 50 finalistas, entre los cuales se perfilan los futuros consejeros electorales. El procedimiento, lejos de disipar dudas, las multiplica y provoca críticas razonadas, cuando hubiera resultado mucho más transparente definir desde el inicio a quienes mejor representan los intereses gubernamentales. En ese contexto, el director de Talleres Gráficos de México, el maestro Arturo Manuel Chávez López, compartiría el privilegio con Bernardo Valle Monroy de ocupar una magistratura electoral. Resta el tercer nombramiento, que por mandato de paridad deberá recaer en una mujer; todo apunta a que María Fernanda Romo sería la designada para tan trascendente responsabilidad.
El debate adquiere mayor relevancia si se considera la reciente experiencia de la elección de jueces, ejercicio que dejó una sensación generalizada de insatisfacción. Nadie cuestiona el principio democrático de elegir mediante el voto a quienes nos representen e impartan justicia; la clave está en quiénes son los candidatos. Una convocatoria abierta sin criterios rigurosos es un error: debe establecerse un perfil claro en el que la experiencia y la capacidad sean condiciones sine qua non. Un juzgador debe ser egresado de una institución jurídica de reconocido prestigio, autor de trabajos académicos en la materia y, de manera indispensable, contar con estudios de posgrado en escuelas de calidad comprobada. A ello debe sumarse una trayectoria sólida en el ámbito específico en que habrá de desempeñarse.
Satisfechos estos requisitos, los electores deben tener acceso al historial curricular de los aspirantes y, más aún, deben ser escuchados. Han de celebrarse foros públicos donde los candidatos expongan sus convicciones y propuestas; solo entonces la votación adquiere pleno sentido democrático. Por ahora, los tres nuevos consejeros del INE emergerán de los círculos burocráticos con la bendición de las altas esferas políticas. Queda pendiente la asignatura más importante: que algún día sea el ciudadano, y no el poder, quien decida.
