23 lecturas
Por Salvador Guerrero Chiprés
IQ institucional
Si el coeficiente intelectual (IQ) es utilizado para evaluar la agilidad mental de un individuo, el diseño e implementación del Ingreso Ciudadano Universal (ICU) en la Ciudad de México funciona como un indicador de la “inteligencia institucional”.
Esta capacidad cognitiva del Estado se manifiesta cuando un gobierno deja de ver la carencia como un fenómeno aislado y comienza a entenderla como una falla estructural demandante de soluciones permanentes.
La entrega de apoyos realizada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en la Ciudad Deportiva, es la materialización de un derecho social hacia la autonomía económica de las personas de entre 57 y 59 años, un sector a menudo en un limbo laboral y de seguridad social antes de alcanzar la edad de jubilación tradicional.
Un Estado con estas capacidades demuestra lo conocido como “autonomía relativa” y potencia institucional, donde el aparato público aprende de las necesidades de su población.
Históricamente, lo iniciado con la pensión universal para adultos mayores bajo la gestión de Andrés Manuel López Obrador, continuado con el fortalecimiento educativo mediante Mi Beca para Empezar con Claudia Sheinbaum, ha evolucionado hacia un modelo de bienestar más complejo.
La administración actual busca consolidar este esquema mediante dos ejes: el ICU y el Sistema Público de Cuidados.
Profundizar en la capacidad cognitiva gobernante implica analizar cómo el sistema identifica las brechas de vulnerabilidad. Un gobierno con un alto coeficiente intelectual político entiende la importancia de la reducción de la incertidumbre económica.
Al ampliar la red de protección para beneficiar a 20 mil personas adicionales este año, sumándose a las 80 mil ya registradas, la CDMX ejerce una función redistributiva que busca la nivelación del piso social.
Ese es el IQ institucional.
