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Por Diana Sánchez Barrios
La Ciudad de México representa uno de los contextos más avanzados del país en materia de derechos trans. La combinación de reformas legales, de un constitucionalismo progresista y de una movilización social permanente, han permitido transformar la identidad trans desde un espacio de invisibilidad y estigmatización hacia otro muy diferente de reconocimiento jurídico y presencia pública. La visibilidad trans también ha sido el resultado de una larga historia de organización colectiva, de luchas por transformar el derecho y del impulso de las transformaciones culturales que han abierto el camino al reconocimiento social.
En la CDMX la presencia de personas trans en el espacio público, en las instituciones políticas y en la vida cultural no es solo un fenómeno social, sino la expresión de un reclamo por los derechos humanos y por el principio democrático de igualdad sustantiva.
Durante décadas, las personas trans en México fueron objeto de criminalización social y policial, de patologización médica y de exclusión laboral sistemática. La visibilidad, en este contexto, implicaba riesgo. Sin embargo, desde finales del siglo XX, los movimientos de la diversidad sexual comenzaron a articular demandas específicas sobre identidad de género, salud integral y reconocimiento legal. Un momento importante fue la aprobación en 2014 de la Ley de Identidad de Género de la Ciudad de México, que estableció un procedimiento administrativo para el cambio de nombre y sexo en el acta de nacimiento sin necesidad de juicios ni dictámenes médicos. Esto convirtió a la CDMX en referente nacional y permitió que miles de personas trans accedieran a documentación acorde con su identidad, un requisito básico para ejercer otros derechos como educación, empleo y seguridad social.
Este reconocimiento jurídico fortaleció la visibilidad institucional. Las personas trans dejaron de estar obligadas a justificar su identidad ante el aparato judicial y comenzaron a ser reconocidas por el Estado en condiciones de dignidad. La promulgación de la Constitución Política CDMX en 2017 consolidó este proceso al incorporar principios como el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad sustantiva y la prohibición expresa de la discriminación por identidad o expresión de género. Desde este punto de vista la identidad de género no es una concesión administrativa, sino un derecho a la personalidad jurídica. Esto implica que cualquier acto de autoridad que desconozca la identidad de una persona trans puede incurrir en violaciones a los derechos humanos. La visibilidad trans se vincula con el reconocimiento de la dignidad humana.
No obstante, la visibilidad no es un punto de llegada definitivo. Es un proceso en construcción que requiere instituciones sólidas, políticas públicas sostenidas y una cultura democrática comprometida con la igualdad entre las personas. Por ello, desde el Congreso de la CDMX seguiré impulsando distintas iniciativas legislativas orientadas a garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de las personas trans. Esto bajo la consideración de que una ciudad verdaderamente incluyente dependerá de su capacidad para garantizar que cada persona trans pueda vivir sin miedo, con dignidad y con acceso pleno a sus derechos.
