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Ana E. Rosete
El ausentismo legislativo vuelve a poner en entredicho el desempeño del Senado de la República. De acuerdo con registros oficiales difundidos en redes sociales entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, al menos 66 senadores han acumulado 178 inasistencias, con un costo estimado de 664 mil 500 pesos al erario.
A la cabeza de los legisladores con más faltas se encuentra Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, quien además de su papel como líder nacional del PRI ha sido una figura polémica por señalamientos de corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche. Suma ocho inasistencias.
Le sigue la priísta Mely Romero Celis con seis faltas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima. En tercer lugar aparece Daniel Barreda Pavón de Movimiento Ciudadano con cinco ausencias, político veracruzano electo por Campeche vinculado a la nueva generación de ese partido.
Con cuatro faltas cada uno figuran varios senadores, principalmente del PAN: Miguel Márquez, quien gobernó Guanajuato de 2012 a 2018; Guadalupe Murguía, exsecretaria de Gobierno de Querétaro; y Gina Andrea Cruz Blackledge, con experiencia en temas fronterizos.
Por el mismo partido ambién aparecen Mauricio Vila Dosal, uno de los perfiles más visibles del panismo reciente; Agustín Dorantes Lámbarri, cercano a liderazgos locales; y Paloma Sánchez Ramos, quien ha combinado actividad legislativa con presencia mediática.
Por partido, el mayor número de inasistencias corresponde al PAN, con 70 faltas acumuladas entre 22 senadores. Morena registra 42 inasistencias (25 legisladores), mientras que el PRI suma 46 (13 senadores) y Movimiento Ciudadano 20 (6 legisladores). En contraste, el Partido del Trabajo y el Partido Verde no presentan registros de ausencias injustificadas en el periodo analizado.
El fenómeno reabre el debate sobre la disciplina legislativa y la rendición de cuentas en la Cámara Alta, donde la asistencia a sesiones es una de las obligaciones básicas de los representantes populares. Aunque las cifras no necesariamente reflejan el total del trabajo legislativo, que también incluye comisiones y gestión territorial, sí evidencian patrones de ausencia que impactan directamente en la productividad parlamentaria.
