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El exprocurador de Nuevo León ha sido relacionado con grupos como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, a partir de diversos hechos documentados en los últimos años
Ana E. Rosete
Una nueva denuncia en redes sociales encendió la polémica rumbo a la contienda por la gubernatura de Nuevo León, luego de que se señalara que el PRI impulsaría como candidato a Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, pese a presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la acusación difundida públicamente por Narcopolíticos, el exprocurador de Nuevo León ha sido relacionado con grupos como Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, a partir de diversos hechos documentados en los últimos años.
Entre los principales señalamientos destaca que en 2009, tras un enfrentamiento con Los Zetas, el Ejército mexicano recuperó libretas con registros de pagos a funcionarios, donde presuntamente aparecía el nombre de Adrián De la Garza, quien en ese momento se desempeñaba como director de Averiguaciones Previas en este estado; en ese año gobernaba el también priísta, José Natividad González Parás.
A ello se suma que en 2016, durante una investigación de la policía española contra Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, identificado como operador financiero de Los Zetas, se habrían encontrado indicios de vínculos con funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces procurador de Nuevo León.
La denuncia también retoma acusaciones por violaciones a derechos humanos durante su gestión como procurador (2011-2015). Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en ese periodo se emitieron al menos 240 recomendaciones por casos de tortura, en un contexto de confrontación entre grupos criminales. Las prácticas denunciadas incluían la fabricación de culpables mediante siembra de pruebas y confesiones forzadas.
Incluso, un informe de la Organización de las Naciones Unidas señaló obstáculos para investigar estos hechos, al documentar que autoridades locales impidieron el acceso a instalaciones clave como la Agencia Estatal de Investigaciones.
En 2024, uno de los casos volvió a cobrar relevancia cuando Daniel Abdón, ex policía, denunció haber sido torturado para declararse vinculado a Los Zetas; posteriormente, su inocencia fue reconocida judicialmente.
Por otro lado, la acusación también apunta a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Se señala que entre 2018 y 2019 se habrían otorgado contratos a una empresa identificada como vinculada al Cártel de Sinaloa, la cual posteriormente realizó transferencias a Vector Casa de Bolsa, institución sancionada por autoridades de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
El señalamiento difundido sostiene que estos antecedentes evidencian una relación sistemática entre actores políticos y el crimen organizado, y cuestiona que, pese a ello, el PRI contemple postular a De la Garza para la gubernatura.
