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Tribunales administrativos

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Por Eduardo López Betancourt

Padecen una falla de origen

Los tribunales administrativos se crean con la finalidad de resolver controversias entre los particulares y la administración pública, esta última responsable de atender los actos violatorios de los derechos ciudadanos consagrados, esencialmente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con frecuencia, el gobernante asume una conducta imperativa, abusiva e incluso tiránica; es entonces cuando el ciudadano acude a estas instancias con la esperanza de obtener justicia, pero también prontitud en la resolución.

Estos órganos existen tanto en el ámbito federal como en el local, entendiendo por este último a los Estados de la Unión. Su competencia se determina en función de si los actos reclamados provienen de autoridades federales o locales.

No obstante, tales tribunales padecen una falla de origen: los magistrados encargados de tan relevante función son designados por la propia autoridad. Esta circunstancia los vuelve dependientes y, por regla general, sus resoluciones terminan favoreciendo al poder público, dejando al particular en estado de indefensión. Conforme a los principios que rigen en los poderes judiciales ordinarios, los magistrados administrativos deberían ser electos por el pueblo y no designados por la autoridad a la que, en muchos casos, deben juzgar.

Un caso lamentable lo constituye el Tribunal Federal Administrativo, al que acuden particulares para denunciar violaciones a sus derechos cometidas por entidades federativas. Uno de estos organismos, tribunal administrativo federal, se encuentra en la Ciudad de México, donde la tramitología resulta verdaderamente patética: la resolución de una queja puede tardar años y, cuando finalmente se emite, suele ser ambigua e imprevista. Peor aún, rara vez obliga a las autoridades responsables a reparar los agravios causados en perjuicio de los particulares.

Urge que estos magistrados sean electos por el pueblo y que, además, se les exija rapidez, eficacia y auténticos beneficios para el gobernado.

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